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Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó el candado de 10 años para que exservidores públicos trabajen en empresas privadas, contenido en la Ley Federal de Austeridad Republicana, por considerarlo violatorio del derecho al trabajo.
Los ministros señalaron que la medida es desproporcional e inadecuada para prevenir posibles actos de corrupción por parte de exservidores públicos, por lo que acompañaron la propuesta de la ministra Norma Lucía Piña, quien destacó que existen otras medidas más adecuadas y que no afectan el derecho al trabajo.
“La norma es inconstitucional porque el grado de afectación que, en el caso, sufre el derecho al trabajo no es proporcional a la importancia de realizar el fin perseguido, ya que éste puede lograrse sin afectar con tanta intensidad la libertad de trabajo”, dijo al presentar el caso.
“Si bien la propia Constitución prevé restricciones a la libertad de trabajo en casos similares, la intensidad de éstas no supera los tres años y, por lo tanto, es significativamente menor a la prevista en la norma y no se advierten razones constitucionales que excluyen a priori la posibilidad de que el legislador ordinario justifique la necesidad y proporcionalidad de una restricción mayor a las previstas expresamente en la Constitución”.
Los mandos que se verían afectados por esta disposición son los secretarios y subsecretarios de Estado, oficiales mayores, jefes de unidad, directores generales y adjuntos y equivalentes.
Luego de la promulgación y entrada en vigor de la ley, en 2019, algunos de estos funcionarios decidieron renunciar. Sobre todo los especializados en materia financiera y más de 5 mil 700 servidores públicos tramitaron amparos contra este candado.
La ley fue impugnada por senadores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, quienes calcularon que más de 1.4 millones de servidores públicos resultarían afectados con las nuevas medidas previstas en la misma.
En el debate, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, afirmó que el término de 10 años para que un exservidor público pueda trabajar en la iniciativa privada, es innecesariamente largo y que la ley resulta sobreinclusiva, lo que hace la inconstitucional.
“Establece un plazo innecesariamente largo en comparación con otras medidas alternativas que podrían utilizarse”, precisó.
“La norma se dirige a un universo de sujetos que resulta desproporcionadamente amplio. No todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades y presentan el mismo grado de riesgo de corrupción; por lo tanto, me parece que la norma es sobreinclusiva. Por estas razones, votaré también por la invalidez de este precepto”.
El pleno también avaló declarar constitucional la facultad de las secretarías de la Función Pública y Hacienda para agregar nuevas infracciones a la Ley Federal de Austeridad Republicana para iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa.
Esto, al considerar que la ley es clara en cuanto a que los funcionarios públicos están obligados a acatar las medidas de austeridad descritas en la misma y en los lineamientos que emitan la SFP y SHCP, pues de lo contrario, se harán acreedores a una sanción.
“La ampliación de dicho catálogo [de infracciones a las medidas de austeridad] resulta necesaria para cumplir eficazmente con los fines de la administración pública, sin que las secretarías puedan eximirse de respetar el principio de taxatividad”, señaló el pleno.
Los ministros declararon que el Congreso de la Unión no violó el procedimiento legislativo para promulgar la ley ni invadió facultades de la Cámara de Diputados sobre la legislación en materia presupuestal, pues tiene facultades implícitas para legislar en materia de austeridad.
Avaló la conformación del Comité de Evaluación que realizará informes para recomendar mejoras en las medidas de austeridad y ahorro de recursos públicos.
Los ministros consideraron que aunque la ley no establece cómo se integrará en su totalidad, sí proporciona bases para que la SFP y la SHCP establezcan quiénes integrarán este órgano.
Los ministros acordaron establecer que la ley no aplica a otros poderes de la unión ni a organismos autónomos, pues están facultados para tomar acciones para cumplir los lineamientos de austeridad republicana conforme a sus normas internas.
El debate no concluyó, por lo que este martes los ministros continuarán con el análisis del último tema para resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de la oposición contra esta ley impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
