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Hugo Aguilar Ortiz, abogado de origen mixteco y actual coordinador General de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), se perfila como el candidato para detentar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Aguilar Ortiz formó parte del Congreso Nacional Indígena y del cuerpo asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en los diálogos de San Andrés.
Además, se desempeñó como asesor y representante legal de más de 25 comunidades indígenas en Oaxaca, intervino en procesos conciliatorios y jurisdiccionales que permitieron resolver disputas territoriales entre pueblos mixtecos, mixes y zapotecos, brindó asesoría en conflictos político-electorales bajo el régimen de Sistemas Normativos Internos.
También representó a comunidades indígenas en casos de confrontación entre el sistema jurídico indígena y el estatal, en los que se establecieron criterios jurisprudenciales en tribunales locales, federales y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En 2011 ocupó el cargo como subsecretario de derechos indígenas en la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno de Oaxaca.
Durante 2016 y 2018 ocupó la Dirección de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, coordinó el Catálogo de Municipios que eligen autoridades por sistemas normativos internos.
Dentro de sus propuestas señala que, para una justicia congruente con la realidad, se debe impulsar una función jurisdiccional en territorio, incorporando visitas in situ, el diálogo con las personas y la búsqueda de la situación efectivamente planteada, sin formalismos excesivos.
También, indica que se debe asumir una actitud abierta para aprender del otro, su especificidad, contexto y realidad. De esta forma, los argumentos que sustenten las resoluciones no serán simples razonamientos formales, sino sustentados en la realidad.
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Según la plataforma Conóceles del INE, estas son sus posturas:
¿Por qué quiero ocupar un cargo público?
Como indígena, un cargo es sinónimo de servicio. Por ello, busco ponerme al servicio de la justicia y de los pueblos.
Visión de la función jurisdiccional
La función jurisdiccional tiene el enorme poder de poner fin a una controversia, estableciendo una verdad legal que impacta en la vida de las personas y pueblos. En pocas ocasiones esta verdad legal está acorde con la verdad real. Estimo que este es el reto principal que tiene la función jurisdiccional: acercar la justicia a la realidad, hacerla útil, generar paz y tranquilidad. Las resoluciones deben ser fuente de unidad y no el inicio de nuevas etapas de conflictividad.
Visión de la impartición de justicia
La justicia no se debe basar en la simple aplicación de la ley. La reforma sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como sobre derechos humanos, son la base para incorporar en la impartición de justicia, la visión colectiva de los pueblos y la dimensión humana de toda la nación, en particular de los sectores excluidos; tomando en cuenta sus realidades, aspiraciones de vida y sus contextos. Solo así lograremos una justicia real con efectos transformadores en la vida de todos.
Principales propuestas
Propuesta 1:
Para una justicia congruente con la realidad, se debe impulsar una función jurisdiccional en territorio, incorporando visitas situ, el diálogo con las personas y la búsqueda de la situación efectivamente planteada, sin formalismos excesivos. Asimismo, se debe asumir una actitud abierta para aprender del otro, su especificidad, contexto y su realidad. De esta forma, los argumentos que sustenten las resoluciones no serán simples razonamientos formales, sino sustentados en la realidad.
Propuesta 2:
Se debe tener presente el carácter terminal que tienen las resoluciones, así como el hecho de que nadie posee la verdad absoluta. En este sentido, se debe fortalecer un enfoque multidisciplinario, dando intervención a las instancias especializadas en todas las materias, ampliando y consolidando la figura de Amicus Curiae. Asimismo, se debe privilegiar el diálogo con las partes para examinar con mayor profundidad las controversias.
Propuesta 3:
Evitar que la función jurisdiccional sea obstáculo del cambio social. Se deberá estar atento al contexto nacional para la resolución de los temas centrales de la vida pública. Para ello, se debe privilegiar un diálogo republicano entre los poderes de la Unión, las Entidades Federativas, los Municipios, los Pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Trayectoria académica
Abogado especializado en derechos de los Pueblos Indígenas, con visión de justicia pluricultural y Derechos Humanos.
mahc/apr
