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En septiembre de 2021 se giró una orden de aprehensión en contra de la presentadora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, por delitos de delincuencia organizada, corrupción, uso de facturas falsas y defraudación fiscal. Desde entonces, la pareja permanecía prófuga de la justicia.
Álvarez Puga, empresario “facturero”, se encuentra preso en un centro de procesamiento en Florida, Estados Unidos, tras haber sido detenido el pasado 24 de septiembre de este año por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) por su situación irregular en EU.
Junto a su hermano, es fundador del despacho Álvarez Puga y Asociados que, de acuerdo con su portal, “está constituido por un grupo de profesionales altamente calificados, con una carrera repleta de increíbles resultados”.
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La firma se hace llamar líder en consultoría jurídica, resaltando presencia en Europa, Estados Unidos y Centroamérica en servicios de materia civil, jurídica y mercantil.
Víctor Manuel ha sido señalado de participar en una red de empresas fantasma, conocidas también como “factureras”, que se utilizaron para simular contratos y desviar recursos públicos por hasta 3 mil millones de pesos. El presunto defraudador se encuentra en el centro de detención de migrantes de Florida Krome North Service Processing Center.
El modus operandi de Álvarez Puga
El 20 de enero de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) detalló el esquema de facturación y simulación de contrataciones públicas que usaba Víctor Álvarez Puga para desviar dinero.
La investigación de la FGR inició desde noviembre de 2019 en contra del empresario, Inés Gómez Mont, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas supuestamente involucradas en delincuencia organizada.
La Fiscalía subrayó que todos los acusados probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a su organización criminal, bajando cargas tributarias y ocultado operaciones, dificultando el rastreo de los recursos.
Para cumplir esos desvíos, presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob), cuando el titular era el expriista Miguel Ángel Osorio Chong, entre 2012 y 2018.
Según la FGR, utilizaban comprobantes fiscales digitales por internet para encubrir operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban, con el fin de lavar dinero, disfrazando el ilícito con ganancias que eran inexistentes.
La organización, de acuerdo con las diligencias, estaba a cargo de Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, quienes trabajaban con supuestos representantes de empresas.
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