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juan.arvizu@eluniversal.com.mx
Pueden ir a la cárcel los que cometan fraude en la elección extraordinaria de gobernador de Puebla, establece el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), José Agustín Ortíz Pinchetti, ante el proceso que es la prueba de fuego de su encomienda.
“No queremos gente en la cárcel. Queremos elecciones limpias”, y para ello la Fepade será la sombra del cuerpo del Instituto Nacional Electoral (INE) y desplegará tareas disuasivas de los delitos electorales.
La gran diferencia —dice Ortiz Pinchetti en entrevista— está en que antes el Estado era el encubridor y organizador de los fraudes y ahora el nuevo régimen está en contra de los fraudes y quiere erradicarlos para siempre.
¿Puebla es el primer asunto fuerte de la Fepade?
—Sí. Es una prueba de fuego por la historia de las elecciones poblanas, siempre manchadas por fraude, sospecha e irregularidad hasta las últimas de 2018.
¿Es el signo de Puebla en las elecciones?
—Así es. Es muy importante que pasemos esta prueba, tanto el INE, que asume totalmente la administración de la elección, como nosotros, que por Ministerio de Ley tenemos que actuar como el Ministerio público, como fiscales electorales en Puebla.
¿Ha acordado algún convenio para ello?
—Firmé un convenio con el gobernador [Guillermo Pacheco Pulido], quien me parece un hombre de buena voluntad y con disposición de colaborar con nosotros.
Pero todos los convenios y acuerdos de civilidad son papel mojado cuando no hay voluntad política de cumplir. Creo que en este caso hay indicios de que el gobernador es una persona responsable, inteligente. Va a cumplir. Vamos a ver, vamos a estar todos sujetos a la prueba de la realidad.
¿Cuál es su dignóstico del escenario electoral?
—Con toda honestidad, puedo decir que veo signos positivos, que podemos ser cautamente optimistas, y ya empezamos a investigar cualquier indicio de irregularidad.
Por cierto, yo le pediría a los compañeros de la prensa que nos ayuden. Si ellos perciben alguna irregularidad —son generalmente los primeros en percibirlo—, que la denuncien, y ya iremos nosotros a investigar a fondo.
¿Aprecia el trabajo periodístico?
—La investigación que los periodistas hagan en elecciones es un activo muy poderoso, una cuestión patriótica.
¿Su equipo de trabajo ya está armado, bien estructurado para esta prueba?
—Sí. El viernes pasado constituimos un Consejo de Seguridad, y desde el lunes a primera hora, vamos a empezar a rendir reportes de lo que se esté investigando.
Otras instituciones del gobierno federal pueden actuar para ayudarnos a identificar las conductas ilícitas y disuadir. Gran parte de lo que podemos hacer es disuadir a las gentes que quieran hacer un fraude.
Si es un fraude de planeación central, al viejo estilo, entonces iremos sobre quienes lo organicen y se irán a la cárcel.
¿Cárcel a quien viole la ley?
—No vamos a tener ninguna consideración, así sean directivos, líderes, miembros de las organizaciones estatales, empresarios, todos los que colaboraban antes con los fraudes. Si lo vuelven a hacer, esta vez se pueden ir a la cárcel.
No lo deseamos. Desearíamos que el trabajo previo, los despliegues y predespliegues, disuadieran a los que quieren hacer el fraude. No queremos gente en la cárcel. Queremos elecciones limpias.
¿Habría en estas horas y días llamados la civilidad?
—Nosotros hemos llamado al respeto a la ley y al proceso genuino, a la efectividad del sufragio, y ahora lo haremos asociados con el que tiene la mayor responsabilidad, que es el INE.
Vamos a trabajar como una sombra del cuerpo del INE. Ellos también están trabajando para investigar si hay conductas indebidas, y vamos a trabajar unidos el INE y la Fiscalía General como debe de ser.
¿Y nos ha dicho que tiene el equipo suficiente para esta tarea?
—Sí lo tenemos. Y si hicieran falta más, más elementos los tendríamos, ya sea directamente de la Fiscalía o de otras entidades federales.
La gran diferencia está en que antes el Estado era el encubridor y el organizador de los fraudes, y ahora el nuevo régimen está en contra de los fraudes y quiere erradicarlos para siempre.
¿Ya es constitucional que es delitos electorales son graves?
—Sobre todo el delito del uso de programas sociales para alterar la voluntad popular, que nos coloca en situaciones muy difícil para preservar el piso parejo.
¿Falta que la disposición constitucional se reglamente en la ley?
—La ley en vigor es muy endeble. Casi todos los delitos electorales son considerados delitos menores, porque el Estado mismo era el encubridor, y si pescaban a alguien, podía salir fácilmente. Es demasiado endeble el sistema penal electoral.
