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Constitucionalistas advirtieron que el juicio político que impulsa el exministro Arturo Zaldívar en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, es una querella sin sustento jurídico, que responde más a una revancha política.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor de la UNAM, consideró que el anuncio del juicio es un intento de contrarrestar la investigación que inició el Poder Judicial de la Federación (PJF) en su contra.
“Está contraatacando desde el punto de vista político el actuar de la ministra presidenta Norma Piña y a mí me parece que la actitud que tiene la ministra Norma Piña es la correcta en el sentido de que está admitiendo denuncias anónimas, que sí se encuentran reguladas dentro del propio Poder Judicial en un acuerdo general que fue aprobado inclusive durante el tiempo en que el exministro Arturo Zaldívar se encontraba en funciones. Es un intento de revancha del exministro”, declaró.
Burgoa advirtió que si bien la petición está fundamentada en términos de la Constitución, desde su punto de vista no existe constancia para determinar la responsabilidad de la ministra.
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“Eso quedará finalmente en la interpretación de los diputados. En mi opinión no existe la motivación, los argumentos, para que la ministra Norma Piña pueda ser sujeta a juicio político en el sentido de que proceda la denuncia de juicio político”, dijo.
José María Soberanes Díez, profesor de Derecho Constitucional, advirtió que se trata de un golpe político-electoral.
“Es un golpe político, están inmersos en la campaña presidencial y quieren meter a esta arena política forzosamente a la presidenta de la Corte y al Poder Judicial. Esta petición de juicio no se sostiene; procede el juicio político, pero no tiene ningún sustento, no han aportado ninguna prueba de que haya sido la ministra quien haya filtrado ese acuerdo. Es una revancha, es parte de su defensa [de Zaldívar] haciendo exactamente lo mismo de lo que él se queja, de una denuncia sin pruebas y sin fundamento, yo creo que para intentar empatar el marcador”, declaró.
Soberanes Díez recordó que, adicionalmente, en la historia de México nunca ha culminado un juicio político desde 1917, “sin contar que hoy por hoy Morena y sus aliados no tienen una mayoría calificada para que tenga efectos un juicio político que concluyera con la destitución de la ministra Norma Piña”.
Finalmente, Javier Martín Reyes, doctor en Derecho Constitucional y Electoral, coincidió en que la petición de juicio tomó un sesgo completamente político, desde que Zaldívar anunció la interposición al lado del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.
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“Vimos a Arturo Zaldívar haciendo este anuncio acompañado del presidente nacional de Morena. Yo creo que esto hay que leerlo como una suerte de represalia de índole política por parte de Arturo Zaldívar, frente a una actuación que a mí me parece que no debería de ser controversial”, sentenció.
