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Elevar estos cárteles del grado de criminales a terroristas no es idea nueva y es una medida que el gobierno mexicano rechaza de lleno.
De acuerdo con la Ley Contra el Terrorismo de Estados Unidos, se abriría la posibilidad de aplicar una doctrina que establece que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos puedan intervenir en territorios extranjeros sin su consentimiento ante la falta de capacidad o voluntad de enfrentar a las amenazas terroristas.
Los miembros de los cárteles podrán ser deportados o no admitidos en el país, y sus activos y transacciones podrían ser bloqueados por instituciones financieras estadounidenses.
La acusación se extendería a quienes colaboren con estos. Por ejemplo, los vendedores locales de drogas o incluso sus clientes.