Comisionadas y comisionados que integran el Sistema Nacional de Transparencia, sostuvieron una reunión para dejar un acta pública en la que advierten sobre los riesgos de desaparecer la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
En la víspera del debate de la reforma constitucional que prevé extinguir a los órganos autónomos, incluido el Inai, las y los comisionados de todo el país, expusieron que dicha modificación no prevé la continuidad de la PNT, lo que deja en vilo a más de 14 mil 958 millones 354 mil 495 registros cargados, con el riesgo permanente de que esos datos sean hackeados.
“Se debe de reflexionar y analizar el impacto que tendría esta reforma en la Plataforma Nacional de Transparencia y su continuidad. Su viabilidad no está considerada en la reforma que se presentará y muy probablemente se vote el próximo miércoles 20 de noviembre”, señala el documento que fue turnado a todos los institutos en materia de transparencia de México.
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En la reunión, se circuló un estudio en el que se advierte que la PNT administra y gestiona la información de 7 mil 407 sujetos obligados, de los cuales 6 mil 684 son estatales y 723 pertenecen al orden federal, de acuerdo con la última actualización del 23 de septiembre del padrón de sujetos obligados de la Federación.
Se advierte que de los sujetos obligados federales, únicamente 270 corresponden al Poder Ejecutivo federal.
“En caso de que la reforma se apruebe sin considerar a la PNT, ese ocasionará que en vez de tener una ventanilla única, se disperse el derecho a la información en más de 7 mil ventanillas con capacidades, formatos y criterios diversos; de acuerdo con los recursos, capacidades, infraestructura y estructura de Tecnologías de Información con las que cuente cada sujeto obligado”, señala el texto.
También se advierte que actualmente la PNT cuenta con 14 mil 958 millones 354 mil 495 registros cargados. De esa cifra 12 mil 571 millones 184 mil 725 fueron cargados por instituciones públicas de las 32 Entidades Federativas, en tanto que 2 mil 387 millones 169 mil 770 corresponden a la Federación y solamente mil 931 millones 837 mil 862 son del Poder Ejecutivo Federal.
“En este sentido vale la pena señalar que el Inai ha invertido los recursos necesarios en la infraestructura y seguridad para mantener los registros y su operación en un solo espacio, la PNT. Con la reforma cada sujeto obligado tendría que invertir en desarrollo de sistemas, infraestructura y seguridad para garantizar y tutelar los derechos, con base en las normas que se aprueben”.
De igual forma, se puntualiza que hasta el 15 de noviembre de 2024 se registraron 272 millones 339 mil 21 intentos de ciberataques contra la PNT.
“En promedio se bloquean 24 millones 758 mil 092 intentos por mes, esto gracias al servicio de seguridad perimetral que tiene contratado el INAI cuyo contrato es abierto por un monto mínimo de 6 millones 856 mil 619 y máximo de $17 millones 141 mil 548”, se señala en el texto.
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Se aclara que la PNT se ha implementado y actualizado a lo largo de los años, con tecnología de punta tanto en su infraestructura como en su desarrollo.
“En este sentido, si cada sujeto obligado coloca a disposición de la sociedad su propia información pública, tendrá también que contar con un servicio de seguridad para evitar que los datos puedan ser víctimas de algún hackeo. El Sistema y módulos que integran la Plataforma Nacional de Transparencia PNT, están soportados por 14 servidores físicos que contienen 69 servidores virtuales y se encuentran en las instalaciones del Inai”.
Por lo anterior, se considera necesario que los legisladores reformistas consideren estos claroscuros de la iniciativa, “que no sólo tendría efectos sobre la forma en la cual las personas ejercen sus derechos, sino también la manera en la cual el Estado mexicano y los sujetos obligados venían trabajando de manera coordinada para utilizar las tecnologías de la información y garantizar a la sociedad el conocimiento de lo público”.
En la reunión estuvieron presentes Norma Julieta del Río Venegas, del INAI; Salvador Romero Espinosa, de Jalisco; Rosalba Ivette Robinson Terán, de Tamaulipas; Luis Carlos Castro Vizcarra, del Baja California; Teresa Dolz Ramos, de Campeche; Sergio Rafael Facio Guzmán, de Chihuahua; María Selene Prieto Domínguez, de Chihuahua; Karla Gabriela Fuentes Moreno, de Chihuahua; así como Paulina Alejandra Urzúa Gómez, de Colima, y 18 comisionadas y comisionados más de diversas partes de la república.
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