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Al considerar que la imputación por ejercicio indebido del servicio público hecha por la Fiscalía General de la República (FGR) al titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, es una estrategia para calmar la opinión pública, organizaciones civiles piden al organismo de justicia atribuirle los delitos de homicidio y lesiones para garantizar justicia por la muerte de 40 personas, más 28 heridos, en la estación migratoria de Ciudad Juárez.
Así lo manifestaron seis asociaciones por los derechos de los migrantes a través de un comunicado en el que explicaron que el titular del INM, de mano con los otros cinco servidores públicos imputados, eran garantes del bienestar de las personas privadas de la libertad en la estación y por ello son su responsabilidad directa.
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“Recordamos que, de acuerdo con notas periodísticas, las instalaciones del INM han sufrido, por lo menos, una decena de incendios en esta administración federal. (…) No queremos y no toleraremos investigaciones superficiales, que solo buscan calmar la opinión pública y no solucionar las condiciones que originaron esta tragedia, para así garantizar la no repetición”, señalaron.
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Hicieron énfasis en que no solo los servidores públicos señalados por este caso deben ser sujetos a investigación, también la FGR debe indagar sobre las detenciones ilegales de personas migrantes y solicitantes de asilo, la falta de insumos básicos y la corrupción por parte de los funcionarios migratorios de todos los niveles en todo México.
También, demandan la creación de una unidad mixta conformada por la FGR y la fiscalía local para investigar a fondo el caso, garantizar la atención médica y psicológica de los sobrevivientes, otorgar a las víctimas y a sus familias visas humanitarias, remuneración económica, acompañamiento y opciones de reparación del daño, y salvaguardar la integridad de los testigos del caso.
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