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La semana pasada fueron promulgadas modificaciones a las leyes generales de Derechos y Turismo para facultar a una nueva empresa del Estado la realización de estudios, proyectos e inversiones en aeropuertos, ferrocarriles, turismo y cultura. Esta paraestatal recibirá 80% del presupuesto obtenido por el cobro de Derecho de No Residente a los turistas internacionales, recursos que se destinaban al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), para la operación de un fideicomiso que estará en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Con esto se pretende impulsar la construcción de obras emblemáticas de infraestructura de esta administración, como es el Tren Maya o la nueva aerolínea bajo la marca Mexicana, también bajo el control del ejército.
Mucho es lo que se pone en riesgo. Estamos hablando de la próxima desaparición del Fonatur como organismo promotor de la actividad turística, lo que quizás sea lo más preocupante de todo. Pero no sólo está en riesgo la promoción de uno de los mayores motores de la economía mexicana (el turismo genera cerca de 5.7% de los empleos del país y aporta 7.5% del PIB nacional), sino también la capacidad de mantenimiento de la infraestructura turística existente.
El Fonatur, hasta hoy, se encarga no solamente de promover a México como destino turístico a nivel internacional, sino que apoya a estados y municipios en el desarrollo de proyectos turísticos y en el mantenimiento de su infraestructura: aeropuertos, vialidades, alumbrado público... Podemos, por ejemplo, recordar el desarrollo de Cancún, Cozumel, Los Cabos o Huatulco, Centros Integralmente Planeados que se beneficiaron en décadas recientes.
La consecuencia previsible será el deterioro del atractivo turístico de México ante el mundo, pues se dejaría prácticamente sin estos recursos a dichos destinos y se le estaría transfiriendo directamente la responsabilidad a los estados y municipios de dar mantenimiento a toda la infraestructura turística.
A lo anterior, agreguemos otra consecuencia negativa del cambio promovido por el Gobierno Federal: al promover una participación cada vez mayor de las fuerzas armadas en la actividad económica nacional, se está no sólo distrayendo a la Sedena de su principal función –la de brindar seguridad a la población– sino que genera un efecto de desplazamiento de la iniciativa privada en la inversión necesaria para el sector turístico y que tendrá consecuencias negativas para la generación de empleos, para el incremento de la competitividad y para el uso transparente y eficiente de los recursos públicos.
El principal rol del gobierno en este contexto debería ser sentar las condiciones adecuadas para que las empresas puedan participar y generar empleos. Sin embargo, se está produciendo una competencia desleal, en la que el Gobierno concurre directamente con la iniciativa privada en un sector y con una clara ventaja, gracias al dominio del poder y el uso tanto de instrumentos económicos como regulatorios para obtener beneficios.
¿Hay algo “rescatable” en todo esto? Quizás que al menos parece que no se aumentará la carga fiscal para financiar esta estrategia, pues se está buscando hacerlo con recursos que ya se recaudan. Si efectivamente esta nueva paraestatal se va a encargar de ejercer los recursos que se le van a quitar al Fonatur, ayudaría a brindar certeza jurídica y transparencia en el manejo de los recursos públicos que al menos dichos recursos caigan en otro fideicomiso que sea auditado bajo estándares internacionales de transparencia. Del mismo modo, descobijar lo menos posible otras áreas prioritarias de atención, como el mantenimiento de la infraestructura turística ya existente para que nuestro potencial turístico no se vea cada vez más reducido a los ojos del mundo.
Profesor del área de Entorno Económico de IPADE Business School
