Más Información
Para garantizar el acceso de las y los mexicanos a la cultura, cualquiera que sea su forma de expresión, las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre y la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso propusieron reformar diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor para reducir a 70 años la vigencia de los derechos patrimoniales posteriores a la muerte del autor.
Lo anterior, permitirá la difusión de las obras, por parte de las instituciones de cultura o educativas, sin la amenaza de acciones jurídicas adversas de dar a conocer el acervo cultural de autores, creadores y compositores.
“Nuestra propuesta es establecer un plazo de 70 años, en concordancia con la normatividad presente en la mayoría de los países del mundo; así como con los tratados internacionales de los cuales México forma parte como el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ratificado en el año 2020”, detallaron las legisladoras.
En el documento publicada en la Gaceta Parlamentaria , las senadoras del PT se destacan que tener acceso a la cultura fundamental para una formación integral del individuo y el Estado tiene la obligación de garantizar este derecho, para lo cual cuenta con instituciones de difusión cultural y educativas que permiten acercar a las personas a las distintas expresiones culturales que existen en el país.
Unas de estas son las galerías, bibliotecas, archivos y museos cuya misión de interés público, adquieren, preservan, estudian, promueven, exhiben y comparten las colecciones para el disfrute, para el estudio, así como para fines de investigación e innovación.
“Los recintos de divulgación cultural, apoyan a la difusión de conocimientos en beneficio de la sociedad, construyendo nuestro presente y futuro apoyando el avance del conocimiento y estimulando la creatividad y la innovación”, enfatizan.
Sin embargo, actualmente estas instituciones se enfrentan a importantes retos a consecuencia de las importantes limitaciones que enfrentan para llevar a cabo su labor, por una parte, por el tema presupuestario y, por otra, por el marco normativo que impide la difusión de ciertas obras por derechos de autor.
Por ello, las legisladoras detallan que el objetivo de su propuesta es dar un paso más en la dirección correcta para hacer realidad que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y el ejercicio de sus derechos culturales.
Y dar herramientas para que el Instituto Nacional del Derecho de Autor actúe e implemente de manera activa políticas públicas para hacer accesibles las obras que por el paso del tiempo deben ser del disfrute del público.
“De esta forma buscamos que las instituciones de cultura y educativas puedan disponer libremente de obras que por el paso del tiempo deben pasar al dominio público, sin la amenaza de acciones jurídicas adversas por el esfuerzo que realizan y la posibilidad que abren para que más personas conozcan la producción cultural, disfruten del acervo de autores, creadores y compositores en pleno ejercicio de su derecho a la cultura y se inspiren creativamente”, apuntan.
