El Partido del Trabajo (PT) en el Senado de la República exhortó a los Congresos estatales de Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Chihuahua a armonizar sus respectivos Códigos Penales, a fin de tipificar la violencia vicaria como delito.
Recordaron que la violencia vicaria es un tipo de violencia de género que busca dañar a una mujer a través de terceras personas, especialmente sus hijas e hijos. El agresor utiliza a los seres queridos de la víctima como instrumentos para ejercer control, maltrato y causarle el mayor dolor posible.
Con la homologación se busca garantizar una protección integral a las víctimas, establecer sanciones proporcionales a la gravedad del daño y asegurar el acceso efectivo a la justicia para mujeres, niñas y niños afectados.
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Mediante un punto de acuerdo, las senadoras Geovanna Bañuelos, Liz Sánchez, Ana Karen Hernández y Yeidckol Polevnsky, encabezadas por el senador Alberto Anaya piden además a las fiscalías de justicia de las 32 entidades federativas, así como a los tribunales de lo familiar, fortalecer la capacitación del personal ministerial, judicial y pericial en materia de violencia vicaria para erradicar la impunidad, prevenir la revictimización institucional y garantizar procesos judiciales ágiles, sensibles y con perspectiva de género
Asimismo, solicitan a la Secretaría de las Mujeres y sus homólogas en las 32 entidades federativas, establecer e implementar protocolos especializados de atención a casos de violencia vicaria, que incluyan asesoría jurídica integral, atención psicológica especializada y medidas de acompañamiento para las hijas e hijos afectados, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y consideración del interés superior de la niñez.
“Se trata de aquella en la que el agresor daña a una mujer a través de sus hijas e hijos, con el fin de castigarla o mantener el control sobre ella. Y no es una forma de violencia que atenta sólo contra la integridad de las mujeres, sino también contra los derechos fundamentales de la niñez”, detallan.
De acuerdo con el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y la Secretaría de Gobernación, en el 86% de los casos el agresor amenaza con causar daño a los hijos como mecanismo de coerción y castigo.
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