A fin de establecer condiciones jurídicas para que el campo mexicano desarrolle todo su potencial en un marco de justicia y legalidad, que se refleje en el bienestar integral de ejidatarios, comuneros y posesionarios reconocidos por los núcleos agrarios, el senador Ricardo Monreal impulsa una reforma para otorgar certidumbre jurídica.
La propuesta alcanza a 700 mil personas que han adquirido derechos sobre la tierra, a través de mecanismos como el reconocimiento de la asamblea ejidal, resolución judicial o administrativa, compraventa o sucesión.
En su proyecto de reforma a la Ley Agraria, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República explica que los posesionarios pueden ser titulares de derechos parcelarios en el ejido, pero no tienen derechos colectivos en el núcleo agrario y únicamente cuentan con los de uso y usufructo de la parcela, sin voz ni voto en la asamblea.
Señala que actualmente la ley no aborda, de manera específica, los derechos que corresponden a los posesionarios sobre las tierras ejidales, pues sí bien les reconoce y protege, no les confiere la calidad de ejidatarios ni les otorga las garantías de que éstos son titulares, por lo que están impedidos para obtener el dominio pleno de la parcela, cuyo uso y disfrute les otorgó la asamblea ejidal.
El senador Monreal Ávila advierte que esta situación ha dado lugar a que sean los tribunales del Poder Judicial de la Federación los que se pronuncien sobre los derechos que les asisten a estos sujetos en asuntos agrarios, “lo que ha originado diversos criterios encontrados sobre la posibilidad de heredar, enajenar y adoptar el dominio pleno sobre sus parcelas”.
El legislador zacatecano propuso reconocer que los posesionarios regulares son sujetos de derechos agrarios individuales y como tales deben contar con plena seguridad en los derechos conferidos por la asamblea como máximo órgano del ejido.
Por ello, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República propone incorporar a la Ley Agraria los derechos que asisten a los posesionarios regulares reconocidos por la asamblea o por una resolución jurisdiccional, con la finalidad de dar certidumbre jurídica a casi 700 mil personas que, de acuerdo con los datos del Registro Agrario Nacional, hoy ostentan esta calidad agraria.
