Más Información
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propuso reformas a Ley Orgánica del Poder Judicial para sancionar administrativa y penalmente a jueces y magistrados que no observen la perspectiva de género al resolver casos sobre violencia contra la mujer, como ocurrió en el caso de Abril Pérez Sagaón, asesinada el 25 de noviembre, y en el que dos juzgadores fueron suspendidos por dejar en libertad al principal sospechoso del crimen, el exesposo de la víctima.
La iniciativa prevé que se les finque responsabilidad si estos jueces no actúan con diligencia para proteger a las víctimas y no garanticen su vida e integridad física.
“En caso de omitir dicho mandato legal, el funcionario judicial incurrirá en la responsabilidad penal y administrativa que marca la legis- lación conducente”, según propone el morenista en el proyecto de modificación constitucional.
En su iniciativa de reformas, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara Alta propone que cuando se trate de casos que involucren cualquier modalidad de violencia contra la mujer, jueces y magistrados deberán actuar “con total diligencia para disponer de protección a las víctimas, garantizando su vida e integridad física.
“En caso de omitir dicho mandato legal, el funcionario judicial incurrirá en la responsabilidad penal y administrativa que demarca la legislación conducente”, planteó Monreal Ávila en su iniciativa.
Para que esas disposiciones operen se plantea que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) deberá fomentar el estudio, conocimiento y observancia del derecho a la mujer a una vida libre de violencia, y deberá expedir un protocolo de perspectiva de género que se aplique en el Poder Judicial.
En la propuesta, el senador reconoce que a pesar de los esfuerzos persiste desigualdad en el acceso a la justicia entre hombres y mujeres, debido al temor, la discriminación, la falta de recursos y la desconfianza en el aparato jurisdiccional.
Así, con el fin de disminuir el índice de feminicidios en el país, que muchas veces inician con agresiones previas que los aparatos de justicia ignoran, se busca atender de inicio las denuncias de las mujeres.
La propuesta recuerda que, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, 46% de las mujeres no denuncian agresiones físicas o sexuales, pues las consideran irrelevantes, 8% por miedo a las consecuencias, 8 % por vergüenza y 4% por la desconfianza en el gobierno.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha documentado que al menos 88.4% de las mujeres ha sufrido algún tipo de agresión y no presentó la denuncia ni solicitó apoyo. Estas agresiones, que pueden iniciar con un grito, en muchas ocasiones terminan en feminicidios, se establece.
La iniciativa expone que en México se ha presentado un incremento exponencial de la violencia contra las mujeres en los últimos años. En 2018 ONU-Mujeres denunció que en el país al menos seis de cada 10 han sido violentadas.
Un 41.3% ha sido víctima de violencia sexual y, en su forma más extrema, nueve son asesinadas al día.
Por eso, se insiste en la propuesta: “Es inaplazable redoblar esfuerzos para procurar el conocimiento, ejercicio y defensa de los derechos de las mujeres en materia penal”.
