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La Ley Nacional de Extinción de Dominio generó más inquietudes que certezas sobre sus usos, procesos y definiciones, por su incompatibilidad con el texto constitucional, advirtió el senador Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC).
Durante la sesión de este martes en el pleno del Senado, señaló que “la figura de extinción de dominio ha quedado a deber. Su falta de resultados es visible cuando se la evalúa en el marco general de la estrategia de seguridad. Vale la pena destacar que, según el primer informe en materia de extinción de dominio presentado por la Fiscalía General de la República , el 21 de octubre del 2020, los bienes sujetos a extinción de dominio se calcularon en apenas 76 millones de pesos y 9 millones de dólares”.
Castañeda lamentó que dicha ley carece de instrumentos adecuados de transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas, lo que dificulta aún más su evaluación. “Y esto no es todo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos la invalidez de artículos de la Ley por violaciones al derecho a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la transparencia, el acceso a la información”, remarcó.
El senador de MC presentó una iniciativa que reforma 10 artículos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio para instaurar un modelo que transparente el destino de los recursos obtenidos por la extinción de dominio, para que el gobierno explique cómo y dónde se gastan estos recursos.
“Sabemos que a esta administración no le gusta la transparencia, pero no podemos seguir dejando en las leyes márgenes de discrecionalidad y opacidad”, destacó Clemente Castañeda.
También propone que no sea el Gabinete Social la instancia que defina el destino de los bienes. “Planteamos que todos los recursos obtenidos sean dispuestos exclusivamente a favor del fortalecimiento, profesionalización y garantía de autonomía de las instituciones de procuración de justicia federal y estatales.
“Si queremos tener una verdadera estrategia de seguridad que acabe con la impunidad, necesitamos hacer mucho más por las instituciones de procuración de justicia del país, incluyendo las fiscalías locales”.
Dijo que la iniciativa pretende generar certeza jurídica, evitando que la Fiscalía pueda adoptar medidas cautelares sin previa orden judicial, y además atiende las demandas de la sociedad civil respecto a la figura de venta anticipada, que tal y como está prevista en la ley vulnera los derechos del debido proceso.
“En esta iniciativa acotamos con claridad esta figura, eliminando cualquier resquicio de discrecionalidad en su aplicación, y así garantizar la presunción de inocencia, los derechos de propiedad y la certeza jurídica”, apuntó el senador de Movimiento Ciudadano.
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afcl
