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A seis meses de su aprobación, la reforma constitucional en contra de los vaporizadores se complicó la lucha en contra del tabaquismo en México, ya que el “mercado negro” acapara la venta de los dispositivos, lo que dificultó al acceso a ese tipo de tecnologías a quienes las utilizan para abandonar el tabaco, alertaron organizaciones y activistas a favor del vapeo.
En conferencia de prensa celebrada a propósito del Día Mundial del Vapeo, este 30 de mayo, los especialistas advirtieron que las consecuencias de la reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada en este sexenio, son múltiples y evidentes.
Se facilitó al acceso a menores de edad a productos de consumo exclusivo para adultos; disparó la venta clandestina; abrió paso al crimen organizado; provocó cierre de negocios formales; disparó la evasión fiscal y obstaculizó el combate contra el tabaquismo.
Juan José Cirión Lee, presidente de México y el Mundo Vapeando, aseguró que la reforma constitucional concedió toda la venta de vaporizadores “al mercado negro”, pues recordó que antes de la disposición, buen parte de la oferta ocurría a través de negocios formales que operaban bajo el cobijo de amparos, pero a partir de enero a la fecha, ese tipo de establecimientos han ido despareciendo.
Expuso que la reforma constitucional constituye un claro testimonio del proceso de extinción de la división de los poderes en México, pues a pesar de que en octubre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró inconstitucional la prohibición de comercializar cigarros electrónicos o vaporizadores, el Poder Ejecutivo presentó una iniciativa para combatir esa resolución, con beneplácito del Legislativo.
Jorge Palma, presidente de la Asociación de Vapeadores de Perú (ASOVAPE), quien informó que, a diferencia de México, en el país sudamericano se logró en noviembre de 2024 la aprobación de un marco regulatorio para los vaporizadores, sumándose así a otras naciones de la región, como Chile, Colombia y Ecuador, en donde se han logrado pasos importantes para facilitar alternativas científicamente comprobadas para combatir el tabaquismo.
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“Tras un largo proceso, en donde nunca hubo una prohibición explicita, en Perú logramos la aprobación de un marco regulatorio para los vaporizadores; todavía están por publicarse las leyes secundarias, en donde deberán definirse temas como delimitación de los lugares para poder vapear; prohibición para menores de edad; definición de alertas sanitarias, entre otras disposiciones”, comentó.
Por su parte, Rafael Lara, presidente de Razón, Autonomía y Derecho (RAUDER), aseguró que las reformas constitucionales del 2024 llevadas a cabo por el actual gobierno son, en buena medida, contrarias a los Derechos Humanos.
“En particular, la reforma hecha a los Artículos 4o. y 5o. de la Constitución Política, prohibiendo y sancionando el uso, venta y distribución de vapeadores, cigarrillos electrónicos, y otros sistemas electrónicos análogos, es abiertamente violatoria de Derechos Humanos, en particular del Derecho al libre desarrollo de la personalidad, el Derecho a Salud y el Derecho a la información, los cuales están reconocidos en nuestra Carta Magna pero no respetados por este gobierno”, precisó el también Doctor en Derecho por la UNAM.
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