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Al hacer un balance del nuevo Poder Judicial, la empresa de consultoría Integralia destaca que los temas pendientes más relevantes heredados de la administración anterior son la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, el destino de los fideicomisos del antiguo Poder Judicial por la acción de inconstitucionalidad que impugna su desaparición, la validez de la nueva Ley de Protección del Espacio Aéreo y reformas a leyes sobre el Tren Maya.
En el documento, la empresa encabezada por el expresidente del Instituto Federal Electoral advierte que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que junto con el Órgano de Administración Judicial sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal, podría utilizarse como un órgano de presión contra las personas juzgadoras, cuyas resoluciones contradigan al gobierno en turno.
Considera que entre otros temas que deberán resolver los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son relevantes los amparos fiscales de Grupo Salinas, que sostienen una disputa legal y mediática con el gobierno federal; los recursos para ordenar una versión pública de los reportes del caso Pegasus, la controversia constitucional y amparos sobre recursos públicos para garantizar el aborto, reformas del “viernes negro” legislativo, entre ellas la Ley de Ciencia y Tecnología, y la facultad del titular del Ejecutivo federal para otorgar amnistía a personas que están privadas de la libertad por la comisión de algún delito.
Además, enlista como asuntos de mayor relevancia: definir el concepto de interés y trascendencia para justificar que, bajo la aplicación de la figura de Solicitud de ejercicio de facultad de atracción, conozca de asuntos que en principio le toca resolver a juzgados de Distrito o tribunales colegiados de circuito.
Otro tema tiene que ver con las reformas a la Ley de Amparo, iniciativa que propuso la titular del Ejecutivo federal, que tendrá un impacto en materia de suspensiones y en el sistema de precedentes y jurisprudencia.
Por otra parte, la empresa de consultoría advierte que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial enfrenta el riesgo de convertirse en un espacio de disputa, por el control de la estructura judicial, y en un órgano colegiado de presión contra las personas juzgadoras cuyas interpretaciones jurídicas contradigan los preceptos del gobierno, sea quien sea el partido en el poder.
