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Defensores de derechos humanos, constitucionalistas y especialistas en temas de salud consideraron que la Guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, con la cual se dará prioridad a los jóvenes con coronavirus (Covid-19) sobre los adultos mayores, tiene ambigüedades que podrían derivar en decisiones arbitrarias e injustas para la población.
Andrés Castañeda Prado, maestro en Gestión y Políticas de Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que el documento, realizado por el Consejo General de Salubridad (CGS), “no tiene buenos fundamentos jurídicos” y se pueden violar derechos humanos.
“Si no se justifica bien el porqué ciertas personas con comorbilidades y edades serán atendidas, podríamos caer en decisiones arbitrarias. Los años de vida saludable por delante son muy relativos.
“No hay una medida específica que te permita decir si gente de 80 años va a vivir tres o 25 años más, o una persona de 60 sólo va a vivir cinco”, dijo.
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Édgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), aseveró que la guía, publicada en un contexto de emergencia sanitaria, debe tener criterios que respeten los derechos de los pacientes y vio su implementación como el principal reto.
“Está el gran tema de la implementación, ahí sin duda siempre puede haber vulneraciones.
“Se necesitan tres cosas: cada institución médica tendrá que transparentar al equipo de médicos que utilizarán la guía, tener vías de comunicación claras para pedir información sobre los pacientes y también la difusión de la guía que se explique de manera muy didáctica a la población”, señaló.
Añadió que ante la posibilidad de que se saturen los hospitales, se debe tener en cuenta que el sector Salud deberá tomar decisiones, y así como se deben respetar los derechos de la población, los ciudadanos tienen que acatar las medidas de sana distancia para evitar la propagación del virus.
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Raúl Mejía, exsecretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), coincidió en que el gran problema del documento es que la justificación por razones de edad o de morbilidad puede no resultar suficiente.
“Siempre en situaciones trágicas —cuando no hay una solución óptima— hay una pérdida neta y el problema de la decisión es cómo hacemos que esa pérdida sea la menor posible, y la mejor justificada, porque se le tiene que explicar a los demás.
“El hecho de poner cierta cantidad, después una suma y de ahí sacar un resultado por edad a mí no me es suficiente, porque estás jugando con bienes que requieren una especialización más elaborada”, explicó.
Reconoció que la guía puede ser impugnable jurídicamente, pues —aunque no tiene categoría de norma—, busca orientar la conducta del personal médico al momento de tomar decisiones en casos extremos.
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“Lo que hace es darle cierta racionalización a la toma de decisiones para que la responsabilidad no recaiga directamente en el sujeto que tomará la decisión [el personal de salud], lo cual me parece acertado”, precisó.
En entrevista con este diario, el constitucionalista Julio Jiménez cuestionó dónde dejó el Consejo General de Salubridad la Constitución, los derechos fundamentales de acceso a la vida y a la salud, al momento de emitir un documento de esta naturaleza.
“Se nota que no cuentan ni con la infraestructura ni con los recursos o la capacidad para reconocer la vida de todos, incluyendo niños, enfermos, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y los jóvenes.
“Merecen un trato igual. La vida no es un tema que esté sujeto a discusión”, señaló.
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“El problema es que el Consejo Bioético, que no son los médicos especialistas que están encargados de atender pacientes con Covid-19, se va a circunscribir a un protocolo en el que van a decidir, van a jugar a ser Dios y van a decidir sobre la vida.
“Por qué van a negar el uso de respiradores y la atención médica prioritaria a las personas adultas mayores, a quienes padezcan alguna enfermedad crónico-degenerativa e incluso a mujeres embarazadas, para priorizar la vida de los jóvenes”.
