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La bancada del PRI en la Cámara de Diputados oficializó su planteamiento para que las pensiones del bienestar para adultos mayores se otorguen a partir de los 60 años de edad. Lo anterior confronta la propuesta de Morena para que dicho beneficio se reduzca de los 68 a los 65 años.
La iniciativa, que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este martes, propone establecer que “todas las personas mayores de sesenta años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley”.
En la exposición de motivos, el grupo parlamentario a cargo de Rubén Moreira, señaló que en 2007 el Gobierno Federal institucionalizó a nivel federal el programa a través de la Pensión para Adultos Mayores de 70 años y más en zonas rurales: “La intención de ampliarlo era generar un instrumento para lograr pensiones que atendieran la desigualdad que generan los sistemas entre las personas jubiladas que no tienen suficientes recursos para cubrir las necesidades básicas”.
Desde entonces, argumentaron, el programa ha atravesado diferentes modificaciones, destacando el año 2014, cuando se creó un programa de Pensión para Adultos Mayores a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con un monto de 580 pesos mensuales.
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“La transición fue respaldada por un presupuesto de 46 mil 148 millones de pesos. Con ello se buscó cubrir la pensión de cerca de 5 millones 400 mil adultos mayores con ingresos menores a 15 salarios mínimos”.
Agregaron que en México residen 15.1 millones de personas de 60 años o más, representando al 12% de la población total, porcentaje que ha incrementado en casi el doble en los últimos 30 años.
“Al mantener la edad de jubilación por encima de los 60 años, el país coloca inadvertidamente una presión sobre el grupo de edad de 60 a 65 años para permanecer en el mercado laboral, lo que tiene ramificaciones sustanciales. Es importante mencionar que actualmente, la pensión que otorga el Gobierno Federal únicamente cuenta con un padrón de 10 millones 259 mil 861 derechohabientes. Esto significa que existen alrededor de cinco millones de mexicanas y mexicanos excluidos de los beneficios de la pensión, independientemente de su condición económica”, señala al proyecto.
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