PRI en el Senado denuncia “huachicol minero” en construcción de carreteras; material fue robado de ejido en San Luis Potosí, señalan

Senadores del PRI presentarán un punto de acuerdo para denunciar lo que denominaron “huachicol minero” que dijeron es el robo de materiales propiedad de un ejido en San Luis Potosí que fueron vendidos y utilizados para la construcción de una carretera en detrimento del patrimonio de los dueños de esos terrenos.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, expuso que de acuerdo con la denuncia de ejidatarios, en Villa Hidalgo, San Luis Potosí, un volumen significativo de material de cantera extraído en el Ejido Pedrera del Tanquito —sin permisos ambientales, sin concesión minera y sin manifestación de impacto ambiental— terminó siendo utilizado en la construcción del Libramiento Ventura–El Peyote, una de las obras carreteras más importantes y señaladas de la región.

La operación, según registros y testimonios de habitantes del ejido, implicó la venta clandestina de al menos 240 mil metros cúbicos de material “a pie de mina”, adquirido directamente a ejidatarios que operaron para una empresa de forma clandestina, sin autorización de asamblea y sin que la comunidad recibiera beneficio alguno.

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Indicó que la empresa señalada como compradora del material es Desarrollador de Infraestructura Vise, contratista vinculada al tramo del libramiento que conecta Estación Ventura con El Peyote.

“Es muy grave esta denuncia. Ahora ya se permite también el huachicol minero, el robo de materiales, sin ningún tipo de concesión, violando leyes ambientales, dándole la vuelta a la ley, sin el pago de impuestos y en detrimento al patrimonio de los ejidatarios y pobladores”, apuntó.

Informó que presentarán un punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Economía, Medio Ambiente, Hacienda, Desarrollo Agrario y la Profepa para que expliquen la situación de esta nueva modalidad de “huachicol minero” y revisar permisos, verificar los hechos, abrir procedimientos administrativos y, en su caso, imponer sanciones por explotación irregular de recursos comunales y posible evasión fiscal.

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Martín Muñoz Torres, presidente de la asociación de ejidatarios y José Adrián Castillo Méndez, secretario, señalaron en la denuncia que unos cuantos miembros del núcleo ejidal explotaron en complicidad con una empresa fantasma, un recurso que pertenece a todos, rompiendo el principio de justicia social que establece el artículo 27 constitucional, que da origen al régimen ejidal en México y que podría poner en entredicho la subsistencia misma del ejido, pues el despojo a los bienes ejidales es causal para la extinción del mismo.

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