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La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri y el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza , presentaron una reforma constitucional que sirva como un mecanismo de control en el Senado de la República para revisar la política pública del Ejecutivo Federal cuando sea contraria a los tratados internacionales firmados y ratificados por México.
En la iniciativa presentada en la Gaceta Parlamentaria, Dulce María Sauri y Ochoa Reza buscan que en la Cámara Alta se constituya una comisión de verificación y sea quien analice si las políticas públicas impulsadas por el titular del Ejecutivo cumplen dichos tratados internacionales .
Los priístas establecen que los resultados de esta comisión verificadora serán enviados al pleno del Senado para su discusión, y en caso de que se determine que existe una inobservancia al marco convencional, se emita una resolución de incumplimiento que deberá ser notificada al Ejecutivo federal.
Los legisladores de oposición ejemplificaron algunas políticas públicas contrarias al marco convencional y a los tratados internacionales y ratificados: La escasez reiterada en el otorgamiento de fármacos y tratamientos, provocada por un supuesto criterio de austeridad y combate a la corrupción; el desarrollo de obras de infraestructura como la refinería en Dos Bocas , Tabasco, o el Tren Maya , afectan los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, quienes no han sido debidamente consultadas sobre los proyectos que habrán de desarrollarse en sus territorios originarios.
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Agrega que en el tema de medio ambiente y cambio climático que dichas obras son contrarias a instrumentos internacionales como el Acuerdo de París, adoptado por México con el objeto de reducir y mitigar los efectos adversos del cambio climático, lo cual no se cumple, al permitir el desarrollo de estos proyectos, sin los debidos estudios de impacto al medio ambiente, permitiendo así la destrucción de los manglares en la construcción de la refinería de Dos Bocas o la deforestación para la construcción del Tren Maya.
En el rubro del sector energético se encuentran las políticas públicas, que contra todo compromiso internacional de reducir el uso de combustibles fósiles y propiciar la generación de energías limpias, ha renovado el impulso por devolverle el control monopólico a la empresa del estado en materia de combustibles, afectando el ambiente, el estado de derecho y la economía nacional, arriesgando el atractivo para la inversión privada que México mantuvo durante décadas.
“Comprometiendo la estabilidad económica en el largo plazo, pero principalmente, afectando la economía de las y los mexicanos, quienes ven disminuido su poder adquisitivo como consecuencia de decisiones, que además, son contrarias a los compromisos internacionales que la propia administración actual ha adquirido, como es el caso del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá , que establece las reglas del libre comercio entre América del Norte, mismas que están en riesgo de ser cumplidas ante la obstinación utópica de una nueva forma de soberanía energética”, define la iniciativa.
“A pesar de que todas estas acciones, son visiblemente contrarias a la Constitución y a los tratados en la materia, en el ámbito nacional poco o nada se puede hacer para combatir dichas políticas públicas o cuando menos, para evidenciar la clara contravención al orden jurídico nacional y convencional.
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“Siendo necesario contar con un mecanismo de control que haga valer a la Constitución y a los tratados internacionales frente a las decisiones del Ejecutivo”, definen los legisladores.
Sauri Riancho y Ochoa Reza definen que para tal efecto se busca crear a nivel constitucional un mecanismo de control político, mediante el cual, las minorías del Senado de la República puedan solicitar al pleno, la constitución de una comisión de verificación, que estará encargada de revisar las políticas públicas y las decisiones del Ejecutivo federal que sean contrarias a los instrumentos internacionales firmados y ratificados por México.
“Se propone que sea el Senado, en atención a que es esta Cámara la encargada de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo federal en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
“Destacando que el objeto de esta clase de disposiciones jurídicas no tiene como finalidad obstruir el ejercicio de gobierno, sino coadyuvar con la autoridad ejecutiva para dar cumplimiento al marco jurídico y convencional al que está sujeta, ya que uno de los principios máximos que a su vez constituye un derecho de la población, es el buen gobierno, entendido como la obligación de toda institución pública, de funcionar con arreglo a la Constitución y las leyes que de ella emanan”, define el proyecto presentado en la Gaceta Parlamentaria.
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