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Por: Ana Beatriz Pérez Díaz
El presupuesto público refleja prioridades y preferencias de un gobierno en la distribución de los recursos públicos. Aunque su integración supone elementos técnicos, su deliberación es meramente política. El pasado 12 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025. Éste plantea un gasto total de 9.3 billones de pesos (bdp) con ingresos de 8.0 bdp equivalentes a un déficit de 1.1 bdp. Del total del gasto programable de los Ramos Administrativos, el 26 por ciento se destinará a Bienestar y el 21 por ciento a Educación.
La discusión presupuestal se dio entre dimes y diretes. El ámbito educativo no fue la excepción. La propuesta de paquete económico 2025 generó ingratas sorpresas. A la fecha, no es claro si la reducción inicial planteada fue un “lamentable error”, lo cual resulta poco creíble. Lo cierto es que se reasignaron 14 mil mdp a once universidades públicas.
Así, para 2025 se establece un gasto educativo de 1,142,491mdp (-1.2% real respecto de 2024); el 3.2% del PIB, muy lejano del 8% definido en la Ley General de Educación y el porcentaje más bajo desde 2013. A educación superior se asignan 162,302 mdp, según las erogaciones destinadas para el desarrollo de jóvenes; un incremento real 0.63% mayor al de 2024. De este monto, el 93% se distribuye en tres programas: Subsidios para organismos descentralizados estatales (51%); Servicios de educación superior y posgrado (35%) y, Jóvenes Escribiendo el Futuro (7%). Son clave para la operación y atención a la demanda de universidades, especialmente las estatales, interculturales, tecnológicas y politécnicas, así como para el egreso del alumnado.
Estas reasignaciones son un pequeño respiro para la educación superior . El presupuesto para este nivel educativo no ha incrementado en los últimos años; el gasto por estudiante ha caído y su distribución no rompe con las brechas históricas entre subsistemas; las diferencias entre universidades politécnicas, tecnológicas e interculturales son abismales respecto a las federales. El presupuesto público por alumno en una universidad politécnica es de $23,540 a diferencia de los $137,273 de las federales. Este esquema contradice la narrativa de una educación de excelencia con equidad expresada en la LGES.
Igual de compleja resulta la gratuidad universitaria. Para 2025, el costo anual del Fondo creado para tal propósito se estableció en 17,606 mdp. Sin embargo, desde su conformación no se le han asignado recursos. A esta condición se suma el poco compromiso de los gobiernos estatales con el financiamiento. Hasta septiembre de 2024 los gobiernos de diecisiete entidades federativas adeudaban a sus universidades 3,309 mdp.
¿Qué hacer? Es una de las preguntas que se escucha en los pasillos universitarios; ¿nos resignamos, nos adaptamos, nos organizamos, exigimos? A excepción de la resignación, aplica un poco de todo. El Estado es responsable de garantizar el derecho humano a la educación superior y, en consecuencia, su financiamiento. No está a discusión. No coincido cuando se plantea desde el discurso gubernamental que el presupuesto sea suficiente para operar las instituciones de educación superior; tenemos un sistema fragmentado por su calidad que requiere una lógica presupuestal distinta. Por último, me parece relevante insistir en el compromiso que tienen las IES con la transparencia y la rendición de cuentas. Abrirse al escrutinio público fortalece nuestra democracia y confianza institucional.
Fuentes consultadas: - https://animalpolitico.com/politica/presupuesto-universidades-2025-unam-diputados - https://paqueteeconomico.ciep.mx/wp-content/uploads/2024/11/PE2025-v2.pdf - https://educacionsuperior.sep.gob.mx/pdfs/2022/diagnostico_U079.pdf - www.puees.unam.mx/curso2022/materiales/Sesion10/ModeloPoliticaDeFinanciamientoCompleto2022.pdf
- Conferencia impartida por el Dr. Roberto Rodríguez: Problemática del financiamiento a la educación superior. La dimensión institucional.
