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Los presos del fuero común y federal procesados en prisión preventiva y justificada se incrementaron 5.6% en 2021, en comparación con el año pasado.
Según un reporte preliminar del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los internos en esta condición cautelar pasaron de 89 mil 130, en 2020, a 94 mil 159, hasta junio de este año.
De los 94 mil 159 procesados en la primera mitad de 2021, la mayoría, 81 mil 597, están encarcelados por delitos del fuero común, mientras que 12 mil 562, por ilícitos federales
En tanto, los presos en los penales federales y estatales del país aumentaron 3% en 2021, en comparación con el año pasado, lo que no se veía desde 2016.
Hasta junio de 2021 sumaban 220 mil 393 personas privadas de su libertad, 6 mil 162 más que las 214 mil 231 de 2020. Un total de 192 mil 23 reos corresponden al fuero común y 28 mil 370 al federal, lo que da un universo de población penitenciaria en el país de 220 mil 393.
De acuerdo con los datos del sistema penitenciario, encabezado por José Ángel Ávila Pérez, el número de reos sentenciados apenas se incrementó 1%, al pasar de 125 mil 101 el año pasado a 126 mil 234 hasta los primeros seis meses de este año.
Las cifras del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social consideran la población penitenciaria en los Centros Federales de Readaptación Social y centros penitenciarios estatales y federales, así como los centros penitenciarios de la Ciudad de México.
En febrero de este año, los diputados y senadores reformaron el Código Nacional de Procedimientos Penales y agregaron al catálogo con prisión preventiva oficiosa los delitos electorales, desaparición de personas, robo de hidrocarburos, entre otros.
En abril de 2019 se publicó la reforma al artículo 19 constitucional, que agregó nueve delitos con prisión preventiva de oficio: abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, desaparición forzada y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército.
En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó que, desde la reforma en 2019 del artículo 19 de la Constitución, el ingreso a los penales de detenidos con prisión preventiva ha ido en aumento, “que dicho sea de paso, ha afectado en mayor porcentaje a las mujeres”.
“El Estado debe considerar a la prisión preventiva como una medida cautelar excepcional y reconocer a las personas a las que se les aplica la presunción de inocencia, atendiendo los preceptos establecidos en la Constitución, en las Reglas Nelson Mandela, de Bangkok, así como en los estándares emanados del sistema universal e interamericano de derechos humanos”, refirió el organismo.
Asimismo, reiteró la necesidad de implementar estrategias, programas y acciones que permitan atender el problema de sobrepoblación y hacinamiento en el que se hallan aún muchos centros penitenciarios en el país.
Consideró “necesario fomentar un programa de despresurización que permita, sin demérito de requisitos, mayor agilidad en el otorgamiento de beneficios preliberacionales [libertad condicionada y anticipada]”.
