Hugo A. Bermúdez, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar de la Décima Región con residencia en Saltillo, Coahuila, señala que el planteamiento de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) está destruyendo a una institución y pronostica que perderá la carrera judicial.
En entrevista con EL UNIVERSAL, advierte que se corre el riesgo con el cambio de que intervengan la delincuencia organizada y grupos de poder tanto públicos como privados para presionar a los ministros, jueces y magistrados.
“En términos generales se pierde con esta reforma la carrera judicial que da sustento de tener magistrados y jueces que realmente garanticen, protejan los derechos humanos, a la Constitución, que pongan límites al poder arbitrario”, dice.
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El magistrado, con 30 años de carrera en el PJF, resalta que se va a destruir algo que funciona con buenos niveles de efectividad, en lugar de corregir aquellos rubros que pudieran estar fallando, como por ejemplo el nepotismo. “Hubo un tiempo en que compañeros abusaron del sistema de carrera, había mucha familia adentro sin que reuniera las capacidades necesarias para estar, pero se detectó una debilidad en el sistema de impartición de justicia y se resolvió”, refiere.
Destaca que México ha logrado la independencia judicial y en este momento está fortalecida, pero cuestiona: ¿qué pasaría si todas estas condiciones cambian, es decir, que se elimine la carrera judicial que es la base para lograr la independencia?
“¿Qué ocurre si se elige a ministros, magistrados o jueces por el voto popular? Por cada planilla habrá 10 propuestos por el Presidente, cinco por el Senado, cinco por la Cámara de Diputados y otros 10 por el PJF. ¿Quién va a llegar a ser juez o magistrado o ministro? Aquellos que tengan el apoyo del poder político.
“Entonces, no van a ser elegidos los ministros, jueces y magistrados por sus méritos, capacidades profesionales, con sus características éticas probadas a través de una carrera judicial de muchos años”, argumenta.
Expresa que, a través de este tipo de elección están expuestos a compromisos como se hacen en la política, y “no podemos cerrar los ojos a que esto puede suceder y se conviertan estos ministros, jueces y magistrados en funcionarios a modo de los poderes públicos o de los otros poderes en turno”.
Abunda que otro riesgo es la participación de poderes económicos en las campañas con su dinero, otorgando recursos, lo que indudablemente es un compromiso que se adquiere, y otro poder fáctico es el crimen organizado.
“Nosotros vemos que el crimen organizado ha influido en muchos lugares del país… se van a acercar, sin duda, a esos candidatos a jueces, magistrados y ministros. ¿Quién no querría tener un sistema penal a modo? Para que lo absuelva o para que condene a los grupos contrarios.
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“Van aportar recursos y si los jueces no les cumplen los van a matar, si los magistrados no les cumplen los van a matar... Entonces, es un problema muy delicado”, asevera.
Indica que están destruyendo una institución que puede ser mejorable y subraya que de acuerdo con el último estudio nacional sobre percepción de la calidad de los servicios que proporcionan los órganos jurisdiccionales, con una base de miles de encuestados, 91.6% fue factor de satisfacción.
“¿A quién se hacen estas encuestas? A los que han estado en un tribunal pidiendo justicia, a los que van y litigan constantemente. Nos calificaron en 2023 con 91.6% en factor de satisfacción, en 94.4% no han percibido actos de corrupción. Es una mentira que se diga que en el Poder Judicial hay corrupción generalizada”, precisa.
