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Pese a la política de austeridad del gobierno federal, la Presidencia de la República desembolsó 2 millones de pesos para “reconocer y motivar” a su personal en esta época decembrina y que permanezca trabajando en esa área del gobierno federal.
Bajo el contrato 2415163, cuya copia posee EL UNIVERSAL, se detalla que el pasado 18 de noviembre la Dirección General de Recursos Humanos de la Oficina de Presidencia firmó un contrato con la empresa Toka Internacional, S.A.P.I. de C.V., por el suministro de vales electrónicos de despensa por 2 millones 137 mil 456.26 pesos sin IVA.
“Código del Contrato 2415163. Servicio de suministro de vales electrónicos de despensa para el otorgamiento de la medida de fin de año del ejercicio 2020”, subraya el documento.
“La medida de fin de año es una decisión del Ejecutivo federal de carácter anual que se otorga sólo al personal operativo en activo, con la finalidad de reconocer y motivar su permanencia al servicio de la dependencia o entidad al final del ejercicio fiscal”, así es como define esta prestación extra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El pasado 24 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un decreto de 11 puntos que se centra en reforzar las medidas de austeridad, escalar programas de apoyo social y continuar la construcción de proyectos de infraestructura emblemáticos de su gobierno, así como para enfrentar la amenaza de la pandemia del Covid-19.
Entre los puntos del acuerdo se encuentran el que no será despedido ningún trabajador, pero precisa que no habrá incremento de personal, además, de forma voluntaria se reducirá el salario de los altos funcionarios hasta en 25% de manera progresiva.
“Es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores. Los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario público aplica de subdirector hasta Presidente”, dice.
También se ordena que no se ejerza 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales, materiales y suministros, y detalla que “esto también incluye a lo supuestamente comprometido. Se cancelan 10 subsecretarías y se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos”.
Se indica que se posponen las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de los siguientes programas prioritarios: pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad y para Sembrando Vida.
“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dispondrá de los recursos necesarios para cumplir cabalmente con la entrega de participaciones federales a los estados, el pago de nómina, de pensiones y la amortización y servicio de la deuda pública. No se podrán utilizar sin autorización de SHCP recursos de fondos o fideicomisos creados por acuerdo o decreto del Poder Ejecutivo”, señala.
En el octavo punto destaca que se “aplicará la Ley Federal de Austeridad Republicana de manera rigurosa. La eficiencia, la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios en 622 mil 556 millones de pesos; asimismo, se otorgarán 3 millones de créditos a personas y a pequeñas empresas familiares, y se crearán 2 millones de empleos, lo cual hará posible proteger a 25 millones de familias mexicanas, un 70% de los hogares de la República donde habitan los más pobres y la mayoría de los integrantes de la clase media del país.
“Vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis sanitaria, económica o de cualquier otra índole, siempre y cuando no se permita la corrupción, se fortalezcan valores y principios como el humanismo y se gobierne para y con el pueblo”, señala.
El decreto anuncia que las medidas se aplicarían para todo el Poder Ejecutivo federal.
