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Presidencia de la República informó que las acciones de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otras dependencias, de acuerdo con la ley, de ninguna manera están dirigidos a conocer el entorno privado de actores políticos, sociales y mediáticos.
“Únicamente se realizan con el fin de coadyuvar a la procuración de justicia; sin embargo, han existido casos en que, de la información recabada por este tipo de actividades, algunas personas se han visto relacionadas con organizaciones delictivas”, dijo la dependencia en un comunicado.
Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la Sedena, por medio del Centro Militar de Inteligencia, realice espionaje por medio del malware Pegasus.
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Sobre la intervención del teléfono del activista en derechos humanos de Nuevo Laredo Raymundo Ramos, el Presidente señaló que “estaba hablando a un teléfono de un presunto narcotraficante y por eso, como ese presunto narcotraficante estaba siendo investigado, se obtuvo esta grabación”.
En el comunicado, Presidencia aclaró que las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública y de inteligencia sólo pueden intervenir comunicaciones privadas con la orden de un juez
“Todo el esfuerzo de inteligencia se dirige a combatir la delincuencia organizada y narcotráfico; solo han sido detenidas personas que están relacionadas con estos delitos”
Aclaró que algunos documentos difundidos en medios de comunicación –por el hackeo del grupo de activistas Guacamaya- sobre presuntos actos de espionaje no son oficiales, no están firmados ni avalados por alguna autoridad competente, por lo que son apócrifos.
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“No se consideran oficiales algunos documentos que diversos medios de comunicación han dado a conocer, relacionándolos con el ciberataque sufrido a los servidores de la Sedena, específicamente al correo institucional, mismo que contiene información de carácter público y no es de clasificación confidencial. Dichos documentos no están signados, firmados, ni avalados por alguna autoridad competente”.
Acusó que esto hace evidente que, con motivo de dicho ciberataque, ciertos formatos de informes militares quedaron expuestos a la luz pública, por lo que cualquier persona ajena al instituto armado podría elaborar documentos que involucren a las Fuerzas Armadas con objeto de afectar su imagen institucional.
Explicó que la presente administración, la autoridad judicial ha detenido a mil 393 personas; de ellas, 27 son relevantes por tratarse de presuntos líderes de las organizaciones criminales y generadores de violencia en el país, destacando: Ovidio “N”, José Guadalupe “N”, Gerardo “N”, José Antonio “N” y José Alfredo “N”.
“Todo el esfuerzo de inteligencia del Estado mexicano se dirige a combatir a la delincuencia organizada y narcotráfico, por lo que no se ha detenido a ningún actor político, social, persona perteneciente a una organización de derechos humanos, activista u otra persona que no esté relacionada con las organizaciones de la delincuencia organizada”.
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