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La tarde de este viernes, por instrucciones del pleno de la Cámara de Diputados , los abogados de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de Controversia Constitucional por considerar que el acuerdo para “blindar” al gobernador de Tamaulipas , Francisco Javier García Cabeza de Vaca , invade las facultades que solo el Palacio Legislativo de San Lázaro tiene.
Dicha demanda fue signada por la diputada Dulce María Sauri Riancho, en su calidad de presidenta de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara de Diputados.
El pleno de la Cámara de Diputados, en sesión del 25 de marzo, aprobó por 285 votos a favor, 77 en contra y 46 abstenciones, promover demanda de Controversia Constitucional en contra del Congreso del Estado de Tamaulipas , por considerar que dicho acuerdo violenta diversas disposiciones de la Constitución Federal, al vulnerar la facultad exclusiva de la Cámara para declarar la procedencia en contra de servidores públicos de las entidades federativas por delitos federales.
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Las y los diputados federales consideraron que el Congreso del Estado de Tamaulipas no puede llevar a cabo un nuevo procedimiento de declaración de procedencia, ya que ello implicaría dejar sin efecto el procedimiento substanciado ante la Cámara de Diputados, situación que no es posible porque éste no puede quedar ocioso ni resultar intrascendente, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina, con mucha claridad y sin interpretación alguna, que las resoluciones emitidas en las declaraciones de procedencia son definitivas e inatacables, lo que implica que la resolución que en su momento emita la Cámara de Diputados en dichos procedimientos, no acepta medio de impugnación alguno.
En dicha demanda, se solicita que las y los ministros de la Suprema Corte otorguen la suspensión del acto reclamando, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que guardan y no se aplique el respectivo Acuerdo.
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Cabe recordar que el pasado 2 de marzo, el Congreso de Tamaulipas aprobó, con mayoría panista, nuevas reglas para declarar o no la procedencia de un desafuero a los gobernadores de Tamaulipas. A través del aval de un punto de acuerdo, se le da la facultad al Congreso local para que, con independencia a lo que decida la Cámara de Diputados Federal, la decisión de quitar el fuero a un mandatario local, recaiga exclusivamente en el Congreso de Tamaulipas.
De acuerdo con algunas interpretaciones, no se puede desaforar a ningún gobernador hasta que no haya una declaración de procedencia de la Cámara de Diputados y de la respectiva Legislatura local; sin embargo, hay otra versión que establece que en cuanto se aprueba la declaración de procedencia en San Lázaro, inmediatamente el Ejecutivo local, pierde la inmunidad y podría ser detenido.
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