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Hoy, en ceremonia protocolaria, el Archivo General de la Nación (AGN) presentará un expediente nuevo del espionaje del que fue objeto el presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), antecesora del Cisen, en las décadas de los 70 y 80, y que servirá, se asegura, para conocer parte de la evolución de su ideología política.
EL UNIVERSAL tuvo acceso a un informe donde se detalla que el nuevo expediente está integrado por 63 nuevas fojas de reportes que se generaron del 14 de junio de 1979 al 13 de septiembre de 1983 por parte de elementos de la DFS, cuando el titular del Ejecutivo se desempeñaba como delegado del Instituto Nacional Indigenista (INI) en Tabasco y como líder del PRI tabasqueño.
Los documentos consultados indican que la Dirección del Archivo Histórico Central del AGN localizó en febrero pasado reportes inéditos y que constituyen el nuevo expediente titulado Versión pública sobre los informes que se generaron en el periodo del 14 de junio de 1979 al 13 de septiembre de 1983 relacionados con el titular del Instituto Nacional Indigenista.
Se detalla que el nuevo expediente está integrado por dos reportes fechados en 1979; cuatro, en 1980; tres, en 1981; dos reportes, en 1982, y 52 de ellos, la mayoría, en 1983.
Evolución ideológica . El documento indica que a pesar de que en un primer momento se intentó testar toda aquella información que expusiera o permitiera deducir las opiniones políticas atribuidas al presidente López Obrador, el Comité de Transparencia del AGN desestimó esta sugerencia, debido a que consideró que la población debería conocer “la evolución de su ideología política”.
“Este comité desestima esta sugerencia, en tanto que Andrés Manuel López Obrador es el Presidente y en consecuencia la sociedad tiene un interés legítimo de conocer la evolución de su ideología política, en tanto que tal aspecto es indispensable para el escrutinio integral de sus funciones públicas actuales y pasadas, máxime si se parte de la base que estos elementos abstractos deben ser considerados como el sustento de sus actos políticos”.
Otra de las sugerencias que se hizo fue testar los nombres de personajes políticos que en los documentos desclasificados aparecen; sin embargo, el comité aseguró que a pesar de que son datos que pueden ser considerados como sensibles, esto afectaría en una “medida desproporcional el derecho fundamental de acceso a la información pública, pues se tendría que testar una gran cantidad de información que no permitiría a la sociedad escrutar la actuación de las autoridades que generaron esos informes”.
