La bancada del PRI en el Senado presentó una iniciativa que busca blindar los recursos y programas de salud, como las vacunas, tratamientos y medicamentos para no ser utilizados con fines políticos, electorales o la promoción personalizada de funcionarios.
Argumentaron que la asignación adecuada de recursos presupuestales a educación, salud e infraestructura contribuye a reducir las disparidades sociales y económicas, promoviendo la igualdad de oportunidades para las y los mexicanos, señalan senadores del Grupo Parlamentario del PRI.
En una iniciativa de reformas a los artículos 19, 58 y 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los legisladores del PRI aseguran que la asignación y gestión responsable de recursos a estos rubros son fundamentales para el desarrollo y bienestar de la sociedad mexicana, y su desvío o devolución a la federación representa un desperdicio de oportunidades y una amenaza para la estabilidad y crecimiento del país.
“Devolver recursos no utilizados a la federación implica un desperdicio de fondos que podrían destinarse a proyectos y programas en beneficio de la sociedad. Los recursos devueltos no están disponibles para hacer frente a contingencias o emergencias futuras, lo que pone en riesgo la capacidad del Estado para responder a crisis inesperadas, como la pandemia de COVID-19”, sostienen en su iniciativa.
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Expusieron que la opacidad en la gestión de recursos permite desvíos y malversaciones, socavando la confianza de la sociedad en las instituciones gubernamentales.
En este sentido, los priistas sostienen que el gobierno federal debe garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, permitiendo a la sociedad seguir de cerca cómo se asignan y utilizan los fondos en educación, salud e infraestructura.
Por ello proponen en su iniciativa rechazar adecuaciones presupuestarias en los ramos de educación, salud e infraestructura, comunicaciones y transportes, cuando tengan por objeto destinar recursos a programas o dependencias distintos a las metas de cada sector y por ningún motivo podrán transferirse o destinarse recursos al cumplimiento de objetivos o programas de otras dependencias.
La promulgación de esta iniciativa de ley -añaden- ayudará también a prevenir y combatir prácticas corruptas, asegurando que los recursos sean utilizados para los fines aprobados y no desviados para intereses personales o políticos.
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