Washington.— La Oficina de Washington para Asuntos de Latinoamérica (WOLA, por sus siglas en inglés) expresó su preocupación por la propuesta del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, de modificar la Constitución para otorgar a la Guardia Nacional el poder de llevar a cabo investigaciones penales de forma autónoma.
“Una reforma así sería muy preocupante, ya que debilitaría aún más la supervisión y el control sobre los miembros de la Guardia Nacional que llevan a cabo acciones de investigación delicadas, especialmente en los casos en que los mismos miembros de la Guardia pueden haber estado involucrados en el delito”, dijo la organización en su informe El Estado de derecho en México 11 años después de las reformas de justicia penal, difundido ayer.
Añadió: “También sería directamente contraria a las reformas de justicia penal de 2008, que estipulan específicamente que todas las acciones relacionadas con la investigación de delitos deben llevarse a cabo en coordinación directa con los ministerios públicos”.
Para la organización con sede en Washington, “la ampliación de los poderes investigativos de la Guardia Nacional es muy preocupante, dado el número de casos en los que elementos de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal han resultado implicados en la obstrucción de justicia en investigaciones penales”. Tampoco es del agrado de WOLA que, a pesar de que se prometió una policía profesionalizada que acabara con la militarización de la seguridad pública, se haya dado a la Guardia Nacional, que está bajo el mando de un general recientemente retirado de la Sedena y entrenamiento militar, la función de policía federal.
El informe de WOLA hace un repaso de la transición hacia un sistema de justicia penal acusatorio que debería llevar al país hacia unas instituciones de justicia mexicanas “más transparentes, eficientes, justas y respetuosas de los derechos humanos”.
Una transición que para WOLA “está lejos de completarse”, 11 años después de la reforma de 2008, con unas instituciones “sobresaturadas”, sin la capacitación necesaria, y donde “la tortura y otras violaciones de los derechos humanos siguen siendo frecuentes en los procesos penales”.
