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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por la reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, por lo que hizo un llamado a los tomadores de decisiones para detener la propuesta y garantizar que la legislación mexicana vaya acorde con sus obligaciones internacionales en la materia.
En un comunicado, señaló que la reforma, que forma parte de una serie de modificaciones constitucionales ya adoptadas o en revisión, fue aprobada el 13 de noviembre por la Cámara de Diputados y actualmente es analizada por el Senado.
Esta modificación, dijo, agrega delitos como la extorsión, el contrabando y ciertos tipo penales relacionados con las drogas a la lista de cargos en los que la prisión preventiva es automática.
“La prisión preventiva automática contraviene principios esenciales de derechos humanos. La prisión preventiva no debe ser una práctica general, sino una medida basada en una decisión individualizada por parte de una autoridad judicial de que las circunstancias de cada caso justifican dicha detención”, expuso Türk.
Recordó que mecanismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria han recomendado eliminar la prisión preventiva oficiosa de la legislación y su práctica en México.
En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que esta medida es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ordenó a México adaptar su sistema legal.
“México enfrenta diversos desafíos en materia de seguridad y acceso a la justicia, pero ampliar el uso de la prisión preventiva oficiosa no es la respuesta.
“En su lugar, es importante enfocarse en fortalecer la capacidad de las fiscalías para reunir evidencia y demostrar la necesidad y proporcionalidad de la prisión preventiva ante una autoridad judicial caso por caso, considerando alternativas a la privación de la libertad”, agregó Türk.
Si bien hay recientes reformas constitucionales que apuntan a fortalecer los derechos de las mujeres, la igualdad de género y los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, lo cual es bien recibido, otras modificaciones generan serias preocupaciones en derechos humanos, señaló el Alto Comisionado.
Una amplia reforma judicial, adoptada en septiembre, incluye la elección popular de las personas juzgadoras, la terminación anticipada de los mandatos judiciales existentes y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con amplias facultades.
La introducción en la reforma de la figura de “jueces sin rostro”, para emitir sentencias de forma anónima en casos de delincuencia organizada, genera preocupaciones adicionales en relación con la administración de justicia abierta y transparente y demás derechos relacionados con un juicio justo, concluyó el Alto Comisionado de Naciones Unidas.
