Más Información
El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó su preocupación por la independencia judicial en México, derivada de la reforma promovida por el gobierno para elegir a los juzgadores a través del voto popular.
“El comité observa que, en el contexto de la reforma judicial en curso, se ha anunciado la capacitación y evaluación del desempeño de los jueces electos; sin embargo, le preocupa que esto pueda resultar insuficiente y que la independencia judicial y la capacidad para garantizar la transversalización de la perspectiva de género en la tramitación de los casos y la justicia puedan verse afectadas”, señaló.
En sus conclusiones sobre la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, recomendó incluir salvaguardias específicas para preservar la independencia judicial, incluyendo la mejora de los requisitos mínimos para los candidatos.
También, fortalecer los mecanismos de capacitación y evaluación del desempeño de los jueces electos para asegurar la estricta aplicación de las disposiciones del Derecho Penal en los casos de feminicidio, esterilización forzada y desaparición forzada de mujeres.
También solicitó que se aborde el sesgo judicial de género y se siga priorizando la capacitación sistemática sobre los derechos humanos de las mujeres, con especial atención a las mujeres indígenas, afromexicanas, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales (LBTI) y las personas con discapacidad.
“[El comité] observa con preocupación la fragmentación de la legis- lación penal a nivel federal y estatal, la aplicación inconsistente de protocolos con perspectiva de género y el uso de procedimientos penales abreviados en casos de violencia de género contra mujeres y niñas”, refirió el documento.
Además, señaló que el uso de la prisión preventiva obligatoria puede afectar desproporcionadamente a grupos vulnerables de mujeres, especialmente a las indígenas, las pobres y las que se dedican al trabajo sexual.
Y advirtió la insuficiencia de medidas de accesibilidad, incluyendo procedimientos razonables, disponibles para las mujeres indígenas y las mujeres con discapacidad, así como las limitaciones en la justicia para las mujeres legalmente incapacitadas.
El CEDAW expresó su preocupación por las madres buscadoras “que siguen siendo objeto de violencia y discriminación”, y por “la limitada eficacia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos” para proteger los derechos humanos de las mujeres.
“[Preocupa] la insuficiente atención prestada por la Comisión a las buscadoras, [mujeres que buscan a familiares desaparecidos] y a las mujeres víctimas de amenazas, desapariciones o asesinatos, y la falta de un diálogo adecuado y seguro con estos grupos”, señaló el documento publicado ayer.
Dijo que la CNDH tiene una limitada capacidad técnica e interacción con la sociedad civil, “lo que puede socavar su independencia y su capacidad para proteger eficazmente los derechos de las mujeres”.
El comité de la ONU recomendó al gobierno de México que reconozca formalmente a las buscadoras como una categoría especial de defensoras de derechos humanos.
Invitó al Congreso de la Unión de México a adoptar las medidas necesarias para que se apliquen las observaciones que presentó; “desde ahora hasta la presentación del próximo informe periódico”.
