Más Información
Sheinbaum es una "consumidora voraz" de información: José Merino; el tablero de seguridad, herramienta clave, destaca
Oposición tunde diseño de boletas de elección judicial; “la lista definitiva la harán Monreal y Adán Augusto”, dice Döring
Rosa Icela Rodríguez se reúne con próximo titular del INM; “arrancaremos el 2025 con mucho trabajo”, asegura
La relatora de Naciones Unidas sobre Independencia Judicial, Margaret Satterthwaite, expresó su preocupación por el riesgo de que la elección popular de jueces en México permita que las grandes empresas y la delincuencia organizada ejerzan una influencia indebida.
En su informe sobre la independencia de los jueces, magistrados y abogados, Satterthwaite abordó el tema de la selección o el nombramiento de juzgadores por votación.
“Hay pocos Estados que eligen a sus magistrados por sufragio directo, sobre todo para los tribunales superiores”, señaló.
Ejemplificó con el caso de Bolivia, que “utiliza el sufragio directo para elegir entre los candidatos preseleccionados por el Poder Legislativo”.
Luego abordó el caso mexicano y la reforma judicial: “En México, donde se están estudiando propuestas para que muchos magistrados se seleccionen por elección popular, preocupa el riesgo de que los actores económicos, en particular las grandes empresas y la delincuencia organizada, ejerzan una influencia indebida”, subrayó.
Lamentó especialmente el caso de Estados Unidos, donde, dijo: “A raíz de una decisión de 2010 de la Corte Suprema, los grupos de interés externos, respaldados de forma encubierta por donantes, no tienen límite de gastos para influir en la composición política e ideológica de los tribunales clave”.
De acuerdo con el informe, la influencia económica indebida se produce cuando “actores económicos, como empresas, personal ejecutivo y personas extremadamente adineradas, llevan a cabo, con grandes medios económicos, actividades que ejercen o se puede considerar que ejercen influencia indebida en la estructura de los sistemas de justicia o en el desempeño de las funciones judiciales, con el propósito aparente de explotar el sistema de justicia para promover sus objetivos específicos y con el efecto de que los procesos diseñados para funcionar de forma justa y transparente a fin de garantizar la independencia judicial y la igualdad ante la ley, se pervierten sistemáticamente para favorecer objetivos impropios”. Redacción