La manifestó su preocupación por la situación de las personas presas en México y sostuvo que la seguridad verdadera se construye reinsertando vidas, no descartándolas.

A través de su editorial , la Iglesia expresó que la cárcel no puede ser un depósito de descartados, sino que debe ser un puente de regreso a la comunidad.

Aunado a ello, indicó que los datos hablan de una urgencia moral y pública, pues al cierre de 2024 había 236 mil 773 personas privadas de la libertad en el país, de las cuales, dijo, el 35.7% de hombres presos y el 46.3% de las mujeres no tienen sentencia.

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Además, criticó la sobrepoblación que sufren varios centros de reclusión y aseguró que ninguno de estos factores mejora la seguridad si no va acompañado de procesos ágiles, medidas alternativas bien usadas y programas de reinserción verificables.

Agregó que, por ello, se deben abrir caminos a la responsabilidad, rehabilitación y restauración y la comunidad tiene la responsabilidad insustituible de acompañar.

“La visita, la escucha, el estudio, el trabajo dentro y fuera del penal, la atención a la y las redes de apoyo postpenal son también política de paz”, dijo.

En ese sentido, destacó que primero se debe brindar defensoría y debido proceso desde el día uno y con ello reducir el embudo de personas sin sentencia.

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Segundo, educación y certificación laboral intramuros con equivalencias reales en el mercado; tercero, salud mental y adicciones con continuidad extramuros y cuarto, empleabilidad, es decir, incentivos a empresas que contraten egresados, programas de “segunda oportunidad” con mentoría.

“Trabajar por y con personas privadas de libertad no relativiza el daño; evita que el daño se perpetúe”, concluyó.

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mahc

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