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Paulina Téllez Martínez, titu- lar de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que de abril de 2020 a enero de este año han sido preliberados 3 mil 322 reclusos de centros penitenciarios estatales debido a la pandemia del Covid-19.
En conferencia de prensa matutina, Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob, indicó que al igual que México, estas preliberaciones ocurren en 13 países de Iberoamérica.
“La Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia elaboró una guía precisamente de preliberaciones por Covid, que fue enviada a todos los centros penitenciarios estatales y desde abril de 2020 a enero de 2021 se hicieron 3 mil 322 acciones en todo el país.
“Esto, tengo que decirlo, ha sido un esfuerzo de los gobiernos estatales, de los centros penitenciarios, de los tribunales, de las defensorías, por hacer estas preliberaciones. Ha sido un trabajo conjunto y agradezco a todos los titulares por esta gran labor”, dijo.
En Palacio Nacional, Sánchez Cordero aseguró que una de las prioridades del gobierno federal es el fortalecimiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia para que disminuyan los niveles de impunidad.
“El camino hacia el Estado de derecho pasa por este fortalecimiento de las instancias que procuran y que imparten justicia. El presidente López Obrador nos ha instruido para que este fortalecimiento del sistema pueda llegar a avanzar para que todos tengamos una plena justicia”, subrayó.
Aseguró que el objetivo es que el sistema de justicia sea eficiente, asequible, confiable para todos los mexicanos y tengamos un esquema que contribuya en la disminución de los niveles de impunidad.
Sánchez Cordero destacó que el gobierno federal tiene una relación importante con las defensorías públicas de todas las entidades y con la defensoría pública federal.
A su vez, Téllez Martínez detalló que en 2019 los presidentes de los tribunales de justicia del país destituyeron a 34 funcionarios de esos organismos por diversas faltas administrativas e incluso penales, y aseveró que los titulares de los tribunales trabajan con el gobierno federal para reducir las malas prácticas entre sus funcionarios.
“Están iniciando procedimientos contra funcionarios tanto en la parte administrativa, como en la parte judicial”, indicó Téllez Martínez.
Según las estadísticas que mostró Sánchez Cordero, los presidentes de los tribunales de justicia del país abrieron mil 50 procedimientos judiciales y mil 588 administrativos. Por estado destacan los casos de Morelos, con 205 casos judiciales y 10 administrativos, y tiene el mayor número de funcionarios destituidos, con 16.
Le sigue Tamaulipas, con 23 procedimientos administrativos y cuatro funcionarios destituidos; al igual que Coahuila con ocho casos judiciales, 257 administrativos y cuatro funcionarios destituidos.
Mientras que el Tribunal de Justicia de Nuevo León abrió 56 procedimientos administrativos y destituyó a tres funcionarios; igual que San Luis Potosí, con 92 administrativos y destituyó a tres funcionarios. Los de Baja California, Chiapas, Durango y Guanajuato han destituido cada uno a un funcionario.
