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Ante el aumento del delito de extorsión, la demanda de seguridad privada aumentó 20% durante este sexenio, pues empresarios y particulares temen que elementos de seguridad del gobierno o del Ejército estén coludidos con delincuentes o no tengan experiencia en el combate al crimen organizado.
“El 90% del país está bajo la amenaza de cobro de derecho de piso y, aunque no todos prefieren llamar a la seguridad privada para que se les ayude y prefieren pagarlo (el cobro de derecho de piso), hubo un aumento en los que piden el servicio porque nuestros agentes están preparados desde la selección de personal, garantía de servicio y protocolos avanzados de monitoreo, pero sobre todo la seguridad de que no estamos coludidos con el crimen organizado”, dijo al respecto Alejandro Desfassiaux, presidente fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).
De acuerdo con información del CNSP, Jalisco, Michoacan, San Luis Potosí y Nuevo León son los estados que se han visto más afectados por la extorsión, pues cuentan con un sector industrial desarrollado.
Sin embargo, otros estados donde la industria manufacturera es creciente, como Hidalgo y Morelos, también han registrado un incremento de la necesidad de este servicio en casi 60% durante los últimos seis años.
Alejandro Desfassiaux apuntó que, además del sector industrial de producción, los servicios automotrices o de fabricación de piezas también se han visto amenazados y, además del delito de extorsión, el experto suma los delitos de robo, daños, estafa y hasta agresiones graves, como lesiones y homicidio.
“El gobierno federal no hace suficiente por la seguridad. Intenta establecer protocolos con la Guardia Nacional o el Ejército, pero a la fecha, a pesar del gran esfuerzo que han hecho, los delitos siguen creciendo y, en el caso del cobro de derecho de piso, el índice del Inegi es muchísimo mayor que hace seis años.
“Por esta insuficiencia las empresas de seguridad se han expandido a todos los sectores y operan muchísimo menos con particulares, por ejemplo, en servicios de seguridad para condominios, que es un delito que también ha aumentado y que, por la falta de experiencia de autoridades, aumentó 4% en demanda durante este sexenio”, explicó el director general de Multisistemas de Seguridad.
La afectación por la falta de experiencia de los elementos federales de seguridad también alcanza al gobierno, pues, según las mediciones de los órganos de seguridad que cordina Desfassiaux, hace 20 años el crimen organizado le costaba al Estado 2% del Producto Interno Bruto (PIB) y hoy le cuesta 4%.
“Aunque se haya conformado la Guardia Nacional con todos los procesos debidos, se perdió la experiencia que ya se había ganado con la Policía Federal, la Gendarmería y las instituciones que crearon otros gobiernos porque cada seis años los presidentes de México, del partido que sea, desde Miguel de la Madrid Hurtado, desechan los mecanismos de seguridad que crea el presidente anterior, lo deshacen por completo y empieza de nuevo el ciclo con personal sin experiencia.
“Se va mucho personal de confianza, que obtiene experiencia en cómo operar contra el crimen orga nizado para combatirlo, que es de garantía y, además, con este cambio se les maltrata cuando se les hace ir, como pasó con la Policía Federal, que los trataron peor que criminales, y eso hace que la eficacia y la confianza disminuyan”, afirmó.
El fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada indicó que estas decisiones no sólo significan un costo al Poder Ejecutivo, sino que exponen a sus organismos.
“El gobierno, por órdenes del Presidente actual, contrata el Servicio de Seguridad Federal pese a su déficit, porque tiene un bajo costo porque es un proceso de designación directa, cuando lo ideal es tener a gente preparada, pues me atrevería a decir que algunos de ellos están con el crimen organizado”, expuso.
Desfassiaux recomendó a empresarios y particulares acercarse a compañías de seguridad privadas para tener garantía de profesionalismo.
“Las empresas ‘patito’ operan a nivel estatal; un tiempo trabajan con un nombre, luego se cambian de estado y operan bajo otro. Sólo nacen para defraudar y algunas son parte del crimen organizado, cosa que, por una parte, es culpa de la sobrerregulación, que a su vez es consecuencia del crecimiento de la demanda de seguridad privada”, dijo.
