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La Cámara de Diputados prevé aplicar una cirugía mayor al gasto de los órganos autónomos y del Poder Judicial, al ampliarles las medidas de austeridad que ya aplica en las dependencias del gobierno federal, como la reducción de percepciones de sus servidores públicos, la cancelación de seguros de gastos médicos mayores, de separación individualizada y la prohibición de choferes y escoltas, entre otros.
Esas medidas serán producto de la aplicación de la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como de las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuyo dictamen será avalado hoy por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, para ser aprobado por el pleno y aplicarlo en la planeación del gasto 2020.
A diferencia de la planeación presupuestal de este año, con estas enmiendas los diputados tendrán herramientas para sujetar a la austeridad al Poder Judicial y a los órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que por la vía de amparos o controversias constitucionales no han aplicado las medidas impulsadas hace un año por los legisladores.
En materia de percepciones, San Lázaro deberá aprobar parámetros objetivos para fijar el salario del Ejecutivo, tal como se lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en mayo, con el fin de topar las percepciones de funcionarios judiciales y de autónomos al salario presidencial.
Conforme al predictamen que se espera aprobar hoy en comisiones, se validan las modificaciones realizadas por el Senado en julio pasado, sobre todo la que amplió de cinco a 10 años el plazo en el cual los servidores públicos de mando superior no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado o regulado.
Con la aprobación de las enmiendas, quedarán canceladas por ley las pensiones presidenciales y se resuelve que sólo los titulares de una dependencia cuenten con la asignación de un secretario particular. Sólo los subsecretarios de Estado y superiores tendrán chofer.
Además, “se prohíben las plazas con nivel de Dirección General Adjunta que no ejerzan facultades contempladas expresamente en la ley o el reglamento”. Sin embargo, todos los “ahorros” que se generen en las dependencias del Poder Ejecutivo Federal se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “o al destino que por decreto determine el Ejecutivo”.
Esta situación enfrenta el rechazo de la oposición de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, partidos que han acusado a esto como el regreso de la “partida secreta”, pero ahora en beneficio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
