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Raúl Cervantes Andrade estuvo al frente del Ministerio Público de la Federación un periodo corto, 11 meses y 16 días, un lapso lleno de claroscuros. Al abogado priísta, que antes de ser procurador intentó ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), le tocó enfrentar casos mediáticos como el de los seis ex gobernadores que son investigados por diversos ilícitos; los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrech al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y retomar las investigaciones de Ayotzinapa, Tanhuato, Nochixtlán y Tlatlaya, que pusieron a prueba la credibilidad de la PGR.
En su paso por la dependencia, logró la captura del panista Guillermo Padrés, así como de Javier Duarte, Roberto Borge y Tomás Yarrington, estos últimos arrestados con el apoyo de autoridades de Guatemala, Panamá, Italia y Estados Unidos, algo que presumió en su discurso de despedida ante el Senado.
A pesar de ello, no pudo concretar la detención del ex mandatario priísta de Chihuahua, César Duarte, quien sigue prófugo de la justicia. Sólo la FEPADE consiguió una orden de aprehensión con fines de extradición en su contra y la emisión de una de las dos fichas rojas por parte de la Interpol, la otra fue solicitada por el gobierno estatal.
En su gestión también se inició la investigación en contra del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval.
En el caso de Chihuahua, la fiscalía ejerció acción penal y vinculó a proceso a cuatro funcionarios del gobierno de Duarte Jáquez: el secretario de Hacienda, el de Finanzas del PRI estatal, el director general de Programación y el director de Recursos Humanos, todos ellos acusados por transferir 80 millones de pesos del gobierno estatal al PRI en Chihuahua.
A través de los mecanismos alternos de solución de controversias del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la dependencia entonces a su cargo pudo reintegrar 421 millones de pesos al gobierno de Veracruz, como parte de las investigaciones que se siguen por el desvío de recursos durante la administración de Duarte.
En una acción sin precedentes en el país, se negoció que el dinero fuera reintegrado por dos empresas que fueron “engañadas” a través de un préstamo, una empresa fachada y la compra de acciones.
Luego de que Duarte de Ochoa fue trasladado a la Ciudad de México proveniente de Guatemala, los fiscales exhibieron poca preparación durante la audiencia del ex mandatario, lo que valió críticas a la PGR.
En el caso corrupción de Odebrecht, los fiscales de Cervantes Andrade llamaron a declarar al ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, por supuestamente haber recibido sobornos.
En mayo de este año, la dependencia reveló que representantes de la empresa brasileña ofrecieron un acuerdo reparatorio, mismo que no fue aceptado y “que bajo ningún supuesto inhibirá el sancionar” a funcionarios involucrados.
Caso de los 43 normalistas, estancado. El caso Ayotzinapa durante la gestión de Cervantes no registró avances significativos, se instaló el Mecanismo Especial de Seguimiento, mandatado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para continuar con las indagatorias, tras el cierre del trabajo del GIEI.
Sobre los hechos del 30 de junio de 2014 ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, que derivaron en el enfrentamiento entre civiles y el Ejército, la PGR recibió un revés judicial.
Luego de observar una serie de faltas en las diligencias, el Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó a la PGR volver a investigar el caso.
En el caso Tanhuato lo único que ocurrió es que Enrique Galindo, ex comisionado de la Policía Federal, fue destituido por denuncias de abusos policiacos ocurridos en un rancho ubicado en dicho municipio de Michoacán, en el que agentes federales supuestamente se enfrentaron a 22 personas en mayo de 2015.
A un año cuatro meses de los hechos de Nochixtlán, Oaxaca, en los que resultaron ocho muertos y decenas de heridos, la PGR no ha presentado resultados sobre las investigaciones que realiza del caso.
También le tocó enfrentar el presunto espionaje del gobierno federal a activistas y periodistas, por lo que desde la PGR se solicitó la colaboración del FBI y la Unión Internacional de Comunicadores de la ONU.
