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El ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, llegará al Consejo Político Nacional del PRI (partido que aspira presidir), con otro pesado fardo a cuestas: el encarcelamiento de su amigo y más cercano colaborador, Armando Félix González Bernabé, acusado del delito de abuso de autoridad que significó un desfalco de 736 millones 207 mil 337 pesos a las arcas del estado, pagados a dos empresas por trabajos no realizados.
González Bernabé, director general de Caminos y Aeropistas de Oaxaca durante el gobierno de Ruiz (2004-2010), celebró cuatro contratos de arrendamiento de maquinaria con las empresas Leadman Trade y Rent Trade, el 22 de junio de 2006, firmados por el entonces secretario de Finanzas y hoy prófugo de la justicia, Miguel Ángel Ortega Habib.
Las dos empresas no reunían los requisitos exigidos por la Ley para Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones y Servicios del Poder Ejecutivo de Oaxaca para ser contratadas, y recibieron el pago de los referidos 736.2 millones de pesos, según consta en el expediente penal 305/2016 del Poder Judicial de ese estado.
La ilegalidad del pago fue denunciada por Gerardo Cajiga Estrada, Perla Marisela Woolrich y Víctor Hugo Alejo Torres, y corroborada por los peritos contables Marisa Muñoz Vázquez y Oseas de la Rosa Santos.
El ex director de Obras y Caminos de Ulises Ruiz había librado la cárcel gracias a su hermano Alejandro González Bernabé, quien era magistrado en el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito.
Después, obtuvo una suspensión provisional de la orden de aprehensión girada en su contra, pero el 10 de agosto pasado perdió el juicio de amparo 754/2018 y fue internado en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Ixcotel, Oaxaca.
Uno de los denunciantes, Gerardo Cajiga Estrada, fue oficial Mayor del ex secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano (hoy secretario de Gobierno en Puebla), donde realizó la compra irregular de dos helicópteros, que lo inhabilitó para el ejercicio del servicio público.
Otra de las denunciantes, Perla Marisela Woolrich, fue secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental durante la gestión de Gabino Cué (2010-2016).
El gobierno de Ruiz no sólo quedó estigmatizado por la represión al movimiento magisterial y popular que tuvo lugar en 2005 y 2006, sino también por la corrupción, de acuerdo con analistas.
Otro de sus cercanos colaboradores, Bulmaro Rito Salinas, ex coordinador del Comité de Planeación para el Desarrollo del Gobierno, fue detenido el 10 de julio de 2014, acusado de peculado por 4.9 millones de pesos, pero salió de prisión el 23 de mayo de 2013 tras el pago de 8 millones de pesos.
También, José Yuri Arias Cruz, ex director Administrativo de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), fue acusado del desvío de recursos públicos por un monto superior a los 700 millones de pesos. Fue detenido en mayo de 2013, pero 12 horas después salió de prisión al pagar una fianza.
Otros 27 funcionarios del gobierno de Ruiz, entre titulares de dependencias y directivos, han quedado inhabilitados por malos manejos.
Tras la demoledora derrota electoral del PRI, el pasado 1 de julio, Ulises Ruiz y César Augusto Santiago han encabezado una corriente de priístas inconformes que responsabilizan de esa debacle a la actual dirigencia tricolor y al haber seleccionado a un candidato presidencial que ni siquiera era militante del partido “que busca tomar el control”.
La actual presidenta interina del Revolucionario Institucional, Claudia Ruiz Massieu, convocó el viernes pasado al Consejo Político Nacional del tricolor para designar a quien concluya en septiembre del año próximo el período para el que fue electo Manlio Fabio Beltrones en 2015.
