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Antes de cerrar el año y por decisión unánime, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió como definitivo que en 2012 el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador rebasó el tope de gastos de campaña por 78 millones de pesos.
Las sanciones por esa irregularidad serán pagadas por sus ahora contrincantes PRD y Movimiento Ciudadano, además del PT, partidos que en ese año integraron la coalición Movimiento Progresista, y ahora deberán saldar 97.8 millones de pesos, aunque ante el TEPJF los dos primeros pidieron se sancionara conforme a la responsabilidad de cada quien, e incluso que se multara a su ex candidato presidencial.
Los magistrados rechazaron todos los alegatos y dieron por válido que en 2012, además de López Obrador, se excedieron en gastos otros 11 abanderados de esa coalición, entre ellos, los senadores Layda Sansores, Mario Delgado y el ex líder perredista Leonel Cota, todos hoy en Morena.
El exceso de gastos de estos legis-ladores también dejó como herencia a PRD, PT y MC, otros 600 mil pesos en multas.
En total, por esas y otras anomalías deberán pagar 100.1 millones de pesos, pero hasta agosto de 2018, para no afectar las finanzas partidistas en las elecciones de julio próximo.
El UNIVERSAL publicó que el PRD tiene pendiente el pago de multas por 46.9 millones de pesos por irregularidades en la campaña federal de 2012.
Entre las sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) se incluye el rebase de topes de gastos de campaña de Andrés Manuel López Obrador, lo cual ameritó una multa de 15 millones de pesos en ese año que fue arropado por el perredismo para la candidatura presidencial.
En octubre lograron saldar la multa impuesta por el instituto por el proceso electoral 2015 y que ascendía a 72 millones 880 mil 376 pesos. El partido pagó la multa en cuatro mensualidades de julio a octubre de éste año.
Concluye caso Monex. Con su resolución, el tribunal electoral concluyó definitivamente también el caso Monex, consistente en que la entonces coalición Compromiso por México (PRI-PVEM) contrató con la empresa Alkino, Servicios y Calidad S.A., un crédito y un servicio de dispersión de recursos, a través de tarjetas electrónicas, para pagar a más de siete mil personas que operaron durante la jornada electoral y para promoción del voto.
Los magistrados validaron la investigación del Instituto Nacional Electoral (INE), según la cual esa calición no pagó sólo 50.5 millones de pesos por esas tarjetas, sino ocho millones más por el servicio de dispersión, el interés del préstamo y el costo de cada plástico.
También confirmaron la determinación del INE de que sí fue gasto de campaña y, por tanto, prorrateable (distribuible) entre todas las candidaturas beneficiadas, y el criterio de que sólo debían prorratearse 2.2 millones de pesos con la campaña para Presidente de México y 56.3 millones de pesos a la de senadores y diputados de los partidos coaligados.
Resultado de esa operación, se aumentó en 31 mil 593 pesos el gasto acreditado a la campaña del hoy presidente Enrique Peña Nieto, por lo que no excedió el límite de gasto.
En cambio, excedieron los topes 154 candidatos a diputados federales y senadores de PRI-PVEM. En total, ambos deberán pagar una multa por 98.3 millones de pesos, por esa y otras anomalías, pero también hasta agosto.
