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La presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa (Morena), presentó una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos , con el propósito de solventar las observaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sentenció que es discrecional la fijación del sueldo del Presidente de la República.
Al fijar las remuneraciones del Presidente se deberá tomar en cuenta "la independencia para minimizar la probabilidad de captura por el poder político o económico", entre otros factores, plantea la senadora Fernández Balboa .
En un segundo proyecto, con el propósito de eliminar la discriminación racial , la legisladora promueve la adición de un artículo al Código Penal Federal que sanciona dichas conductas con prisión, trabajo a favor de la comunidad y multa.
Respecto de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos , la legisladora refiere que la Corte invalidó parte de los artículos 6 y 7, "por estimar que permiten el establecimiento discrecional de remuneraciones".
La sentencia de la Corte sugirió elementos o criterios que pueden impedir el ejercicio discrecional en la determinación de las remuneraciones que perciban el jefe del Ejecutivo federal y los demás servidores públicos.
Fernández Balboa
retoma dicha sentencia de la Suprema Corte , del 20 de mayo pasado, y considera que ello "permite modular objetivamente la remuneración que percibirá el Presidente de la República y el resto de los servidores públicos", con lo que se supera el problema de inconstitucionalidad.
El proyecto incluye en el artículo 6 que para determinar la remuneración de los servidores públicos "se tomarán en cuenta las funciones y nivel de responsabilidad asociado al perfil para cada puesto; el costo de oportunidad de desarrollarse en el sector público, en comparación con una oportunidad similar en el sector privado. La metodología será determinada por la Cámara de Diputados.
En el artículo 7, Fernández Balboa propone que al determinar la remuneración del Presidente de la República se tomen en cuenta, además de la independencia frente al poder político o económico, la especialización, el riesgo asociado al desempeño de sus funciones, el costo de vida, el índice inflacionario y la posibilidad de percibir otros ingresos, sin que exista conflicto de interés.
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La legisladora tabasqueña, en una segunda iniciativa propone la adición del artículo 149 que dispone aplicar de uno a tres años de prisión; de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días de multa por actos de discriminación racial.
Señala "la difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, que incite a la discriminación racial, cometa o incite a cometer actos de violencia en contra de cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico".
También prevé las sanciones a quien "asista o participe en actividades racistas, participe en organizaciones que promuevan la discriminación racial e incite a ella o financie organizaciones con actividades de discriminación racial".
Al servidor público que incurra en alguna de las conductas señaladas, se le incrementará en una mitad la pena prevista, señala la iniciativa de la presidenta del Senado.
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