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La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que ayer se notificó al ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, sobre el acuerdo por el cual el gobierno de México concede a las autoridades de Estados Unidos su extradición para que sea procesado ante la Corte Federal de Distrito del Sur de Texas, por asociación delictuosa para lavar dinero.
Lo anterior, en uso de la facultad discrecional del Ejecutivo Federal contenida en el artículo nueve del tratado bilateral en la materia, para conceder a sus nacionales.
“La resolución tuvo como antecedente, por una parte, las consideraciones emitidas por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria. En su opinión jurídica del 22 de enero pasado, en la que señaló que, respecto a lo actuado y probado ante él, la solicitud de extradición presentada cumplía con todos los requisitos del tratado bilateral aplicable y, por otra, el análisis del foro más apropiado para que el citado reclamado sea juzgado”, difundió la Cancillería en un comunicado.
Informó que al momento de analizar y resolver sobre una solicitud de extradición, no prejuzga respecto de la culpabilidad o inocencia de un reclamado en la comisión de los delitos que se le atribuyen, dado que el procedimiento de extradición es un procedimiento administrativo por disposición de ley.
“Esta secretaría únicamente debe verificar que se cumplan los requisitos previstos en el Tratado de Extradición aplicable, por lo que en su oportunidad el requerido podrá hacer valer lo que conforme a sus intereses convenga ante la corte que lo reclama”, añadió.
La Cancillería subrayó que Eugenio Hernández cuenta con el juicio de amparo para inconformarse en contra del mencionado acuerdo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Extradición Internacional, por lo que una vez que el acuerdo quede firme y ejecutable, con base en lo establecido en el artículo 34 de la ley en la materia, será la Procuraduría General de la República (PGR) la que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, procederá en su caso y en términos de los plazos previstos en el marco jurídico aplicable a la entrega del ex gobernador a las autoridades estadounidenses que sean designadas para tal efecto.
El jueves 15 de marzo, el gobierno federal mexicano aprobó la petición del gobierno de Estados Unidos para la extradición de Eugenio Hernández Flores, la cual había sido enviada desde el 11 de octubre del año pasado para cumplir con la sanción en aquel país por una serie de delitos, entre ellos fraude bancario y lavado de dinero.
Un año después de haber terminado su gubernatura en Tamaulipas (2005-2010), el político priísta cambió su domicilio a Cancún para retomar sus actividades como ingeniero civil. Para 2012, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) le decomisó ocho propiedades residenciales en la misma ciudad y dos más en Ciudad del Carmen, asimismo fueron congeladas sus cuentas.
El gobierno de Estados Unidos, por su parte, hacía la investigación por supuesta documentación falsa entregada a dos instituciones bancarias del mismo país, Inter National Bank y Lone Star Bank of Comerse.
En 2015, la Corte Federal de Estados Unidos lo encontró culpable por lavado de dinero, fraude bancario y la operación de un negocio con envíos de dinero sin licencia y, según un informe de la DEA, mantenía vínculos con el narcotráfico, por lo que se emitió una orden de arresto en su contra.
Eugenio Hernández fue aprehendido en octubre del año pasado por personal de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, acusado de comprar un terreno de mil 600 hectáreas, parte del patrimonio del estado.
La transacción la habría hecho a través de una red de prestanombres, a pesar de que poco antes de terminar su mandato, el 8 de diciembre de 2010, aseguró haber dejado finanzas sanas.
