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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) deberá informar si solicitó formalmente al gobierno del Reino Unido la extradición de Karime Macías de Duarte , instruyó la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena en su ponencia de este miércoles ante el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).
Esto en relación al pedimento de un particular, que requirió le informarán sobre el proceso de extradición de la esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa , y en caso de que la SRE aún no haya emitido la solicitud pidió conocer los argumentos que le han impedido hacerlo.
El caso es relevante, ya que durante los años 2011 y 2012, en la administración del exgobernador Javier Duarte, se detectó el presunto desvío de 112 millones de pesos cuando su esposa fue presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz.
De acuerdo con información de la Fiscalía General de ese estado, el dinero habría sido utilizado en el pago de contratos de compra-venta con seis empresas fantasma de equipo médico, productos multivitamínicos, sistema de purificación de agua y otros, sin que existan datos sobre los beneficios a la población.
La SRE a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, clasificó como confidencial la información relacionada con expedientes de extradición, ya que pondrían contener datos personales, así como el pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de una petición de extradición en contra de la persona mencionada, pues podría afectar su derecho a la presunción de inocencia.
“Este Instituto ha sostenido que el pronunciarse sobre la existencia o inexistencia de una petición de extradición vulnera el derecho de privacidad y a la intimidad de las personas. En efecto, hemos resuelto en otros casos que el solo pronunciamiento sobre la existencia de una petición de extradición podría afectar”, refirió la comisionada Ibarra.
Sin embargo, este caso es distinto, manifestó Blanca Lilia Ibarra, pues ya existe una orden de aprehensión que un juez penal de Veracruz giró en su contra por la probable comisión del delito de fraude específico cometido en perjuicio del patrimonio del gobierno del estado de Veracruz.
“Propongo al Pleno revocar la respuesta emitida por la SRE, para que proporcione la versión pública de la nota diplomática a través de la cual se formuló la solicitud de detención provisional con fines de extradición del 5 de octubre de 2018 y su anexo”, concluyó la comisionada ponente.
