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Después de nueve meses acéfala, ayer arrancó el proceso para determinar quién será el o la próxima titular de la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV), una vez que el Jefe del Ejecutivo federal presentó su terna de candidatos para el cargo.
Desde la renuncia de Mara Gómez Pérez, en junio de 2020, el gobierno federal tenía que haber enviado su terna para que el Senado entrevistara a los aspirantes y tomara una determinación; sin embargo, la terna fue enviada hasta diciembre de 2020. Seis meses después de la salida de Gómez Pérez, en enero de 2021, el encargado de despacho de la CEAV, Andrés Vázquez, también renunció.
En ambos casos, la falta de recursos y los recortes al gasto jugaron un papel fundamental.
Durante la comparecencia ante las Comisiones Unidas de Gobernación y Derechos Humanos, Martha Yuriria Rodríguez Estrada, Claudia Lilia Cruz Santiago y Luis Fernando Rosas Ramírez reconocieron que existen problemas en la aplicación del presupuesto de la CEAV, e incluso que “no hay recurso que alcance”, puesto que las autoridades judiciales han comprendido la entrega de recursos como el único mecanismo para resarcir los daños a las víctimas de la violencia en el país y se entendía el acceso a éstos como la acción de desistirse.
Las víctimas, enfatizaron, han estado abandonadas durante muchos años.
Resaltó que se requiere revisar el marco normativo, ya que la Ley General de Víctimas no cuenta con un reglamento que establezca su operación.
“Se están litigando casos pero no se están estableciendo los enfoques referenciales de la reparación, el Poder judicial de la Federación está referenciando la reparación económica, no sirve de nada la parte económica si después de 10 años vamos a tener problemas siquiátricos, de salud o acceso a la educación”, dijo Rodríguez Estrada.
Cruz Santiago pidió eliminar la brecha entre la acción y las normativas para que la comisión pueda llegar a las personas que recurren a este organismo, así como la importancia de trascender de lo que existe hacia un sistema de control, gestión y sistematización de la información.
Demandó contar con respaldo jurídico que incluya la intervención de instituciones gubernamentales hasta garantizar la reparación del daño individual y social, lo cual implica la acción de ministerios públicos, las fiscalías y los jueces.
“Tenemos que revisar el modelo de atención a víctimas no desde la Ley y el Orden, sino desde una óptica de la salud pública y la justicia social. El primer tema que tenemos que ver con las víctimas tiene que ver con la salud mental, asesoría jurídica y demás”, señaló.
Rosas Ramírez señaló que es necesario cambiar la retórica de atención a los afectados, comenzando por la renovación del Registro Nacional de Víctimas, y también por la política interna para acercar a los funcionarios y que no sean inalcanzables.
