Alrededor de 90 jueces y magistrados han sido removidos (rotados, dados de baja o suspendidos) por nepotismo, informó Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Entrevistado al término de la inauguración de la 14 Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, en Querétaro, reconoció que esta práctica era “una cultura”, por lo que inició —desde hace 10 meses— un análisis estado por estado para detectar estos casos.
“Sí, tenemos varios casos en los que ya ha habido suspensiones. Estamos en investigación, esperamos en los próximos meses tener ya resuelto también ese problema, estamos hablando de jueces y de magistrados”, comentó.
Dijo que el análisis de la operación en cada entidad tiene un avance de 90% y que se estima que en dos meses esté completo.
Agregó que, aunque el nepotismo no es una práctica ilegal, sí está mal visto, por lo que algunos involucrados fueron cambiados de sede para no trabajar junto a sus familiares: “No era ilegal, era parte de una cultura, pero generaba una mala percepción del Poder Judicial y era importante solucionarlo”.
Esta práctica se encontró en todas las entidades del país, incluyendo Querétaro. Entre las medidas tomadas está el cambio de sede de algunos trabajadores a otros estados.
“Cuando es por nepotismo los cambiamos de estado para que estén en un lugar donde no tengan familiares (...) ya hay una política pública para que no se vuelvan a dar estos casos”, agregó.
Los 90 casos no son los únicos, pues en 10% del análisis restante se prevé que existan más cambios. En 2017, un estudio entregado al Consejo de la Judicatura y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación reveló que al menos 500 jueces y magistrados tenían parentesco con trabajadores del Poder Judicial. Incluso, se entregó una lista de 112 jueces y magistrados que habrían usado influencia para conseguir plazas para sus cónyuges.
En la 14 Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, comentó que la fuerza de los tribunales está en su autoridad moral sustentada en la legitimidad social.
