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La futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reinstalará la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal (SETECC), pues todavía hay problemas en el nuevo sistema de justicia.
En entrevista, la también senadora de Morena explicó que los principales problemas se concentran en las procuradurías y en to- dos los actores que intervienen en los juicios orales. “Fiscales, la Policía Ministerial y Policía Científica, las licenciaturas en práctica forense, abogados, defensores públicos, porque fueron bien capacitados los jueces, pero faltaron capacitaciones muy importantes”, expuso Sánchez Cordero.
La ministra en retiro reconoció que no fueron suficientes los ocho años que se dieron a todas las entidades para completar el nuevo sistema, porque (no) se tomó conciencia de que entraría en vigor en 2016.
“En muchas ocasiones, atropelladamente, se instaló este sistema de justicia en algunos estados, por eso vamos a seguir apoyando a las entidades federativas en la implementación de este sistema”, dijo.
Hasta 2016, la aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal acusatorio en el país había costado 4 mil 182 millones de pesos.
“Tenemos un tramo muy largo todavía para implementar el Sistema de Justicia”, reconoció la legisladora, quien confió que el trabajo esté concluido en el transcurso del gobierno que encabezará López Obrador.
“Esperemos que menos [de seis años funcione la SETECC], pero hasta que no estemos convencidos de la fortaleza del sistema penal acusatorio, hasta en tanto no estén capacitados todos los actores que intervienen en los juicios orales penales, hasta entonces no está concluida”, dijo.
Aunque se menciona a la ex titular de la SETECC, María de los Ángeles Fromow, como encargada de esta secretaría, Sánchez Cordero comentó que están revisando el perfil que encabezará esta área.
Sobre la eventual desincorporación de las tareas de seguridad en la Secretaría de Gobernación, rechazó que la futura Secretaría de Seguridad Pública sea un “supersecretaría”.