Más Información
El gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, calificó como “falsos” los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada y con los que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó su desafuero en la Cámara de Diputados.
El pasado lunes acudieron a San Lázaro sus abogados, entre ellos Alonso Aguilar Zinser, para responder —a través de un escrito— como no verdaderas las imputaciones en contra de García Cabeza de Vaca. A partir de la respuesta inicia el periodo de 30 días para desahogar pruebas.
Por la mañana, los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, y de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, adscrita a la FGR, Ancelmo Mauro Jiménez Cruz, declinaron revelar información de las investigaciones que derivaron en la solicitud de desafuero contra el mandatario de Tamaulipas.
Los funcionarios fueron invitados por el coordinador de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, a una reunión de trabajo con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción; los funcionarios acudieron a la comparecencia, pero argumentaron que al estar abierto un proceso en contra del gobernador, no podían revelar ningún detalle para mantener el debido proceso.
El encuentro duró 45 minutos y los diputados federales hicieron uso de la palabra, como la panista queretana Marcela Torres Peimbert, quien dijo que las acusaciones son un “circo mediático”, un desaseo e ilegalidad de parte de la Comisión de Transparencia y de su presidente, Óscar González Yáñez, sustituido por el petista José Luis Montalvo.
Agregó que para desaforar a un servidor hay un procedimiento establecido en la ley y éste no incluye a la comisión; cuestionó: “¿Qué asunto tenemos que analizar con motivo de esta reunión? ¿Para qué nos estamos reuniendo con la UIF? ¿Hay alguna iniciativa en la materia? La respuesta es no.
“Esto es un circo mediático al que se está prestando no sólo Morena y sus aliados, sino servidores del más alto nivel como el titular de la UIF. Estamos viviendo en un Estado de terrorismo fiscal”, dijo.
