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Para cumplir los compromisos de gobierno y derivados de la reforma educativa , reforma laboral, nuevo Instituto de Salud para el Bienestar , fortalecimiento de la Guardia Nacional y apoyo a la construcción de infraestructura en estados y municipios, se requieren en 2020 recursos por 80 mil millones de pesos que hoy no existen.
Así lo reconoció el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar , presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, quien anticipó que será necesario, por tanto, ajustar la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para obtener esos recursos.
Pero al mismo tiempo será necesario un ajuste a la propuesta de Presupuesto de Egresos solicitado por el Ejecutivo Federal.
“Algunos proyectos que deberían ser prioritarios, no contemplan financiamiento; otros, sufren importantes recortes que dificultan el cumplimiento de sus objetivos. Hemos identificado también importantes acciones de gobierno que se consideran como gastos no recurrentes, o proyectos para obra pública con un presupuesto muy limitado para 2020 ”.
El diputado de Morena indicó en una comunicación oficial que sin esos ajustes a ingresos y egresos “no será posible dar cumplimiento a estos objetivos sin recursos adicionales”.
Recordó entre esas obligaciones la derivada de la reforma educativa que otorga gratuidad de la educación hasta el nivel universitario; los cambios a la legislación laboral con los que se pretende atender de manera más efectiva los derechos de los trabajadores y la próxima aprobación para crear el Insabin, que sin recursos no será posible.
“No puede haber políticas públicas sin presupuesto”, reconoció. A estos compromisos se suman los de robustecer la estrategia nacional de seguridad pública , cumplir los acuerdos internacionales en materia de cambio climático y poner en práctica mejores programas de seguridad alimentaria.
Por eso, y ante un panorama económico internacional adverso, pidió apoyar la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal, “garantizando el respeto al debido proceso de los contribuyentes, otorgando certeza jurídica a las empresas privadas y considerando las recomendaciones de organismos internacionales” como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Ramírez insistió en la necesidad de adoptar un Consejo Fiscal “como organismo objetivo e independiente de influencias políticas que otorgue confianza sobre el desempeño de la política fiscal” y en mayor colaboración entre los sectores público y privado, para impulsar proyectos.
Incluso destacó que deberá exigirse que todos los programas de subsidios del Gobierno Federal tengan Reglas de Operación para promover la transparencia en el uso de recursos públicos, prevenir actos de corrupción y posibilitar su evaluación.
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