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El PRI interpuso ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) una denuncia de hechos contra el líder nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez y su esposa, María Guadalupe Rodríguez , acusada de desviar 100 millones de pesos de los Centros de Desarrollo Infantil de Nuevo León a cuentas bancarias de los dirigentes de este instituto político.
El secretario de Acción Electoral del Partido Revolucionario Institucional, José María Tapia Franco pidió a la Fepade iniciar una carpeta de investigación contra Anaya Gutiérrez y su esposa, por delitos electorales, y por la violación al uso y destino de los recursos que ingresan a los partidos políticos.
“Está acreditado que la transferencia de recursos fue de parte del gobierno estatal a las cuentas personales de la esposa y ella a su vez las distribuía entre cinco y seis cuentas personales”, acusó el priísta después de presentar la denuncia ante la Oficialía de Partes.
Acompañado de la representante del PRI ante el INE, Claudia Pastor Badilla, Tapia Franco recordó que en los últimos días se ha difundido información sobre desvíos por 100 millones de pesos del gobierno de Nuevo León al Partido del Trabajo, para la supuesta construcción y operación de CENDIS, pero que en realidad habrían sido ocupados con fines electorales.
“Está claro que lo que estamos buscando es la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas, pero sobre todo que el dinero público no ingrese a las campañas. Nuestra intención de presentar esta denuncia de hechos es que la Fiscalía en pleno goce de su autonomía inicie la investigación y deslinde las responsabilidades penales a que haya lugar”, indicó.
Dijo que el PRI estará vigilante de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales realice las acciones que se le solicitan, para que el desvío de recursos no quede impune.
Al cuestionarle sobre los elementos de prueba presentados en la denuncia, Tapia Franco respondió que están acreditados en una carpeta de investigación de la Procuraduría General de la República, que inició a raíz de la captura de Héctor Quiroz García, dirigente de dicho instituto político en Aguascalientes.
De acuerdo con la carpeta de investigación 241/2017, en febrero de este año el gobierno de Nuevo León depósito 100 millones de pesos a la cuenta personal de María Guadalupe Rodríguez Martínez, quien dispersó a varias cuentas bancarias, entre ellas la de Héctor Quiroz, quien habría recibido 12.8 de los 100 millones etiquetados originalmente para los Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad.
Por su parte, Claudia Pastor Badilla resaltó que la denuncia presentada por el PRI ante la Fepade contra el Partido del Trabajo se vinculó con una queja ante el INE. “La comisión de delitos graves, sobre todo en relación con las cuentas y aclaraciones de ingresos de recursos a los partidos políticos, pueden constituir hasta la pérdida del registro”, aseguró.
Y añadió: “El PRI se suma al reclamo ciudadano de investigar los hechos que puedan constituir delitos electorales o violaciones al uso de los recursos que utilizan los partidos políticos, para que se sancione a los responsables en caso de que así quede acreditado por la Fiscalía, o bien, se deslinden las responsabilidades en caso contrario”.
“La cultura de la legalidad nos obliga a reprochar estas conductas y exigir su esclarecimiento”, puntualizó.
