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horacio.jimenez@eluniversal.com.mx
La bancada del PRI en la Cámara de Diputados criticó la intención de Morena de impulsar la Ley de Austeridad Republicana, porque no busca construir un ordenamiento sólido para el ahorro, sino más bien busca la complacencia y el aplauso fácil con un empaque bonito, pero lleno de puro aire.
La vicepresidenta del PRI en la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, dijo que desafortunadamente esta ley está redactada más en términos políticos y no con definición jurídica.
“Es muy desafortunado que esta ley esté redactada en términos de un mensaje político y no jurídicos; este gran error lo único que genera es un decálogo de medidas de austeridad, cuya redacción es ambigua, poco clara y, en consecuencia, provoca incertidumbre jurídica a los sujetos obligados por dicha ley.”
La diputada por Yucatán llamó a revisar el artículo 16 de la Ley de Austeridad Republicana que establece que las medidas son “enunciativas y no limitativas”, con esto se genera una gran incertidumbre y discrecionalidad respecto a qué medidas pueden considerarse austeridad, ambigüedad que pone en jaque a los servidores públicos.
Otro ejemplo está en la fracción octava, que establece la prohibición del derroche de energía eléctrica, agua, servicios telefónicos, pero pone en la ley la palabra derroche como una acción prohibitiva de un sujeto obligado, nos muestra un gran desaseo en la construcción normativa de la ley, ya que no es una categoría jurídica o un concepto que pueda ser medido o determinado por una conducta, es subjetivo.
Este dictamen fue aprobado el pasado 30 de abril en la Cámara de Diputados y fue remitida al Senado para su aval; sin embargo, se tuvo que esperar debido a que finalizó el periodo ordinario.
En este texto se salvaron los burócratas de trabajar de lunes a sábado, pues se eliminó esta alternativa, pero los servidores públicos ya no tendrán bonos especiales ni podrán hacer fiestas en sus oficinas, ni podrán acudir en estado de ebriedad ni ingerir bebidas alcohólicas en horario y centros de trabajo.
En este dictamen también se eliminaron las pensiones para los expresidentes, se prohibe contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos privados, de vida o de pensiones contrarias a la seguridad social que otorga el Estado.
Además, a este dictamen se le hizo una adenda de las comisiones unidas de Hacienda y Presupuesto, en la que se restituyó que no solamente los secretarios de Estado, sino también los subsecretarios y los titulares de entidades de control puedan utilizar choferes.
También se establece que para que los servidores públicos puedan trabajar en una empresa del mismo ramo en el que estuvieron en el gobierno, tienen que dejar pasar cinco años y los ahorros que se generen por esta ley tendrán que destinarse al Plan Nacional de Desarrollo.
