Ciudad de México.- El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) , presentó una iniciativa para crear por mandato legislativo, una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones a los derechos humanos de la última década, incluyendo la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y el asesinato de los tres estudiantes de cine en Guadalajara.
El senador Clemente Castañeda dijo que con esta Comisión se garantizaría el acceso a la verdad y a la justicia, la reparación integral del daño a las víctimas e identificar los patrones sistemáticos de violaciones a los derechos humanos para que se erradiquen.
Durante su intervención afirmó que la crisis de derechos humanos que ha vivido México tiene una doble tragedia: la negación y la impunidad , tal y como lo señala el “grupo Verdad y Memoria” de la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción.
“Desde Movimiento Ciudadano hemos dicho que ni la continuidad de una estrategia fallida en materia de seguridad, ni las apuestas al olvido son soluciones aceptables para dignificar a las víctimas y para alcanzar la paz”, sostuvo.
El vicecoordinador de la fracción , detalló que la creación de la Comisión debe ser mediante un proceso de discusión plural que incluya a las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, para así darle autonomía de cualquier instancia gubernamental, a diferencia de lo que propone el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien han planteado crear una comisión de la verdad por mandato del Ejecutivo.
“Para que el acceso a la verdad sea efectivo, la creación de una Comisión de la Verdad debe nacer de un proceso de parlamento abierto, y no una decisión ejecutiva que, por su naturaleza política y jurídica, sería unilateral”, precisó.
Entre las características principales de esta Comisión de la Verdad se encuentran: plenamente autónoma, con un mandato temporal específico de entre 9 y 18 meses; los integrantes deberán ser propuestas por las víctimas y la sociedad civil, y tendrán acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos.
Tendrá plenos poderes de investigación y recolección de información con el objetivo de conocer la verdad sobre los hechos; podrá formar grupos de trabajo especializados para atender casos específicos o enfocarse en acciones concretas de peritaje, antropología forense entre otras; y emitirá un informe en donde se detallen las circunstancias en las que se cometieron estas violaciones.
